El Ministerio Público ha sorprendido al país con un nuevo caso de investigación, conectado con la anterior Operación Coral, y que ahora ha sido denominada como Operación Coral 5G, y que involucra a personal militar activo, entre ellos tres generales, ahora en prisión.
¿Le sorprende? No debía sorprender a nadie que haya nuevos casos, vinculados con anteriores redes de poder que aprovecharon sus relaciones, posiciones y fortaleza ante los aparatos del Estado para esquilmar y hacerse ricos, empobreciendo de ese modo a la sociedad dominicana.
El Ministerio Público tiene mecanismos sofisticados para profundizar en sus investigaciones y para obtener testimonios y delaciones. Y en este caso es seguro que así ha funcionado para que los militares activos hayan sido identificados y se hayan encontrado pruebas irrefutables que lleven a los fiscales a ordenar prisión preventiva contra los imputados.
La red de militares activos pudo haber previsto que estaba en la mira de las autoridades. Y ahora sabemos que esa red movió más de 4,500 millones de pesos en propiedades y productos financieros. Hasta el momento se han identificado 125 propiedades que pertenecen a esta red, y que a su vez tenían conexiones con el primer caso Coral en que hay varios altos ex funcionarios de la pasada administración.
Algunos nombres de los detenidos ya fueron mencionados en los procesos de medidas de coerción de Coral, pero no hubo reacción inmediata (conocida) del Ministerio Público.
Entre los apresados se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército.
Incluyen al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehonan L. Rodríguez Jiménez , así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
La Operación Coral 5G incluyó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
EL Estado dominicano ha sido utilizado por grupos con poder para enriquecimiento. Cada vez que esto ocurre se empobrece materialmente no sólo a los miembros de la sociedad, sino que se debilita el rol de las instituciones públicas, y se desprestigia la política y la función pública.
Es importante que haya un Ministerio Público independiente. Que haya fiscales preparados, resistentes a cualquier tentación, y que ayuden a la limpieza de las entidades estatales con profilaxis como estas que ahora estamos viendo.
Y que bueno que en estos días el presidente Luis Abinader ha reiterado que los valores deben ser la norma para una función pública con transparencia. Esa es la base de la nueva política, a la que hay que darle garantía de ley o constitucional, para que las conquistas que se han obtenido no desaparezcan con un cambio de gobierno.