Con un país a medio recuperar y ante la incertidumbre que todavía se cierne en el inmediato horizonte dominicano, la posposición de una reforma fiscal anunciada por el presidente Abinader luce una decisión prudente y juiciosa.
Al aparcar la reforma, cabe admitir, el Gobierno se ve ante la necesidad más que imperiosa de diligenciarse mayor cantidad de fondos que no provengan necesariamente de préstamos externos, lo que le obliga a exprimir creatividad en asunto tan delicado y complejo.
La República Dominicana adolece de un sistema tributario que recauda poco y que recauda mal. A la baja presión tributaria ha de sumarse más de una deficiencia como las prácticas de evasión impositiva.
Es lugar común reconocer que naciones como la nuestra generan fondos insuficientes para satisfacer demandas sociales y el Estado se ve incapaz de poder financiar políticas públicas en la cantidad y calidad requeridas.
Hay mucha inequidad en la aplicación de los tributos, cuestionables características de determinados impuestos y huecos por donde se cuelan ruines incongruencias, dando como resultado una grave deficiencia en la redistribución del ingreso por efecto de la política fiscal.
Visto el trasfondo ominoso que apunta al despilfarro que ha caracterizado a gobiernos durante décadas, es comprensible entender la aprensión y el rechazo de la gente a una posible subida de impuestos.
La pobreza, la informalidad y la concentración económica son otros factores que deben analizarse a la hora de establecer una plataforma tributaria eficiente y justa si se quiere favorecer a la población con inversiones públicas apropiadas.
Visto el trasfondo ominoso que apunta al despilfarro que ha caracterizado a gobiernos durante décadas, es comprensible entender la aprensión y el rechazo de la gente a una posible subida de impuestos.
Y al unísono con la procura de despejar el recelo sobre el mal uso que históricamente se ha dado a los fondos del Estado, y se gestiona una fina articulación de consensos para una venidera reforma fiscal, el gobierno precisa de mayores fondos y ello demandará toda una filigrana política.
En este marco, mejorar la calidad del gasto público, estimular el ahorro y generar iniciativas que multipliquen sus efectos han de ser recursos a ser estimulados para sanear las finanzas del Estado y permitirle trabajar en mejores condiciones.
Mientras llega el momento inapelable e impostergable de la reforma fiscal, creemos que hay oportunidad de adoptar medidas en el corto plazo que, al menos, brinden cierta holgura a una administración cercada por limitaciones económicas y una pandemia que no dice aun cuando acaba.