Tres centros de almacenamiento y expendio de gas propano han colapsado en el último mes. Dos han explotado accidentalmente en la capital, y uno en San José de las Matas, en Santiago. El resultado ha sido trágico. Varias personas han muerto, docenas de personas han resultado con quemaduras de consideración, y los daños materiales son considerables.
Las autoridades han sido muy parcas con el tratamiento de estos accidentes. Las investigaciones sobre las causas de las explosiones no son tan diligentes, y menos se informa sobre las medidas preventivas adoptadas para evitar que sigan ocurriendo casos como estos, en los que miles de personas podrían resultan dañadas, si no se actúa con diligencia y rapidez.
El solo hecho de que se hayan repetido los casos es muy sintomático de que algo anda mal con los permisos que se otorgan y las medidas de seguridad que se establecen para estos establecimientos. Es inaudito que centros urbanos, altamente poblados, hayan permitido que negocios de expendio y administración de gas propano operen en medio de las viviendas de cientos de familias, y que camiones de gran tamaño transiten por calles estrechas, reservadas para vehículos de tamaño regular.
Las autoridades de los ministerios de Industria y Comercio, de Medio Ambiente y de Salud Pública tienen que ponerse de acuerdo y reforzar las medidas de seguridad, de forma que preventivamente actúen para evitar que se siga repitiendo la tragedia.
Con los casos que ya se conocen, el gobierno debe tener ya una lista de todos los establecimientos de negocios de gas, realizar una revisión y evaluación de los potenciales peligros que existen, y ordenar el cierre o el traslado de aquellos negocios de expendio y almacenamiento de gas propano que carezcan de las condiciones óptimas y la seguridad para operar.