El primer gobierno de Danilo Medina se despide el próximo martes 16 de agosto. El segundo gobierno de Danilo Medina se inicia también el martes. Apenas unas horas antes de ese gran acontecimiento, el Ministerio Público revela datos sobre un hecho de corrupción y soborno que todo el mundo había escuchado, y que se esperaba que en algún momento se tomaran acciones correctivas: el soborno recibido por funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, y legisladores, por la compra de 8 aviones Super Tucano a la empresa Embraer, de Brasil.
Se recibieron 3.5 millones de dólares, que fueron entregados por el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez al senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, para a su vez éste distribuirlos entre los senadores que aprobarían el préstamo de 93 millones de dólares que otorgaría el Banco de Desarrollo de Brasil a la República Dominicana. En realidad, era un crédito de exportación lo que estaban aprobando, porque el gobierno se obligaba a utilizar ese dinero en la compra de los aviones.
Estados Unidos detectó el soborno muy temprano, y enfiló sus acciones exigiendo a la empresa Embraer presentar los datos de la operación con la República Dominicana. La Comisión de Valores de Estados Unidos, que regula a las empresas que cotizan en bolsa a actuar de acuerdo a un código ético que les impide practicar soborno, hizo una labor persistente y dejó en evidencia que Embraer había actuado en forma indebida.
La empresa castigó a por lo menos seis funcionarios, tiene reservado 200 millones de dólares para pagar una multa por su acción, y su reputación se ha caído, reportando en la actualidad una baja en el valor de sus acciones en el mercado. Solo se espera la sanción que emita la SEC contra Embraer.
La empresa brasileña entregó toda la documentación a las autoridades de Brasil y a las autoridades de los Estados Unidos. El Ministerio Público de la República Dominicana había solicitado información a Brasil sobre este soborno. Era necesario que lo hiciera. Los grandes medios norteamericanos, encabezados por The Wall Street Journal, publicaban con cierta frecuencia informaciones sobre el soborno, y hace años que habían publicado los datos de que Carlos Piccini fue el oficial receptor del dinero.
El gobierno dominicano, presidido por Leonel Fernández, estaba interesado en el préstamo, y que se aprobara y se compraran las aeronaves. Fernández acudió a Brasil, y visitó la fábrica de aviones, y hasta aparece simulando pilotear uno de los Tucano.
El jefe de la Fuerza Aérea y posterior ministro de Defensa, General Pedro Rafael Peña Antonio, visitó Brasil con Fernández, y fue quien hizo labor de convencimiento con los legisladores para que el préstamo se aprobara. En el expediente del Ministerio Público se le incluye como la cabeza de toda la operación, incluso para la recepción de la coima. Se encuentra detenido, junto a Carlos Piccini y dos empresarios que prestaron los nombres de sus empresas para hacer invisible el dinero.
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana también recomendó la aprobación del préstamo. Contempló la posibilidad de aplicar sanciones a los legisladores que se negaran a aprobarlo. Senadores como Wilton Guerrero y Francisco Domínguez Brito se negaron a aprobarlo. Diputados hicieron protestas reclamando libertad para no aprobar una pieza legislativa como esa.
Una comisión especial del Senado, la de Hacienda, realizó vistas públicas para recibir opiniones sobre el préstamo y la compra de los aviones. Acudieron funcionarios, políticos y gentes de la sociedad civil para expresar sus consideraciones a favor y en contra. El préstamo se aprobó y nunca se hizo ninguna investigación sobre el soborno, que era vox populli.
El entonces presidente del senado, Reinaldo Pared, tuvo conocimiento de las denuncias, y recibió presiones desde el Palacio Nacional para que se aprobara con rapidez el préstamo. Si ahora lo niega, es su derecho. Reinaldo incluso amenazó a los legisladores miembros de la Comisión de Hacienda, si luego surgían denuncias de soborno, con someterlos a la justicia a ellos por recomendar la aprobación de algo turbio.
Reinaldo Pared ahora dice que no acusa a nadie, pero que tampoco defiende a nadie, y reclama algo que pudiera parecer un obstáculo al Ministerio Público: que interrogue a todos los senadores que aprobaron el préstamo.
El problema es que hay pruebas en manos del Ministerio Público que vinculan a un senador, con jurisdicción privilegiada, con la recepción del dinero del soborno, lo mismo que a un oficial del Ministerio de Defensa.
Es sobre los imputados que debe caer todo el peso de la ley. Lo otro sería conspirar contra la democracia, porque todo el senado no puede ser imputado en esa irregularidad, aunque las individualidades que se compruebe recibieron dinero sí, como ha pasado en Brasil recientemente.