Luis Ignacio Lula da Silva es uno de los líderes políticos más importantes de América Latina en los últimos 50 años, y el más relevante de los políticos brasileños en ese mismo período. De obrero tornero y dirigente sindical pasó a la política, como líder del Partido de los Trabajadores, fue presidente en dos períodos y tiene en su hoja de servicio ser el gran transformador de Brasil, especialmente con los procesos de industrialización, de inclusión social y reducción de la pobreza, y por haber colocado a Brasil en el mapa de los países más desarrollados del mundo.

Su grandeza, sin embargo, se ha empequeñecido con las investigaciones iniciativas por un juez de Curitiba, Sergio Moro, sobre la corrupción en la petrolera Petrobras y otras redes de corrupción y soborno que han puesto en evidencia la enorme incidencia que tuvo y mantiene la corrupción en el aparato político e institucional de Brasil.

Desde el inicio de las investigaciones se sospechaba que Lula era parte de los implicados. Y así fue desarrollándose, con Lula acorralado cada vez con más evidencias. Dilma Rousseff debió normbrar a Lula Ministro de la Presidencia, para evitar que fuera a la cárcel. La designación fue anulada y ese intento por obstruir la justicia complicó más la situación del ex presidente. Dilma Rousseff fue sometida a un proceso de impugnación, que temporalmente la separó de la presidencia.

Lula ha seguido su martirio. Ha realizado numerosas tramas para evitar ser llevado a los tribunales, y ahora el juez Ricardo Augusto Soares Leite, del 10 Juzgado del Distrito Federal, aceptó la denuncia presentada por los fiscales federales que acusan al ex presidente de comandar un esquema para obstruir el funcionamiento judicial que investiga el llamado Lava Jato. Por primera vez Lula se sentará en el banquillo de los acusados, y en este caso no por acusaciones de corrupción, sino por obstrucción de la justicia.

La Asociación de Magistrados de Brasil, por su parte, acaba de emitir una declaración de rechazo a las gestiones que realiza Lula para desprestigiar al juez Sergio Moro. Los jueces de Brasil rechazaron que Lula y sus abogados fueran al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a denunciar al juez Sergio Moro y los procuradores de la República que actúan en la Operación Lava Jato por “falta de imparcialidad” y “abuso de poder”.

Las complicaciones de Lula no terminan. Cada vez hay más evidencias en su contra, y en contra de familiares suyos y allegados a los cuales dio instrucciones de actuar. En la acusación del juez Ricardo Augusto Soares Leite el ex presidente Lula es el imputado principal. Todas las pruebas y las acusaciones que señalan a Lula provienen de las llamadas delaciones premiadas que hacen políticos, empresarios y cabilderos, que están procesados judicialmente, y para evitar nuevas condenas o conseguir consideraciones de la justicia, delatan a quienes fueron sus socios. Varios de los que han denunciado a Lula eran subalternos suyos.

La llamada Operación Lava Jato podría estar llegando a su fin. Ya ha conseguido procesar a docenas de políticos, a legisladores, parcialmente es la responsable del proceso de destitución de la presidenta Rousseff, y podría finalizar con las imputaciones por corrupción contra el ex presidente Lula. Es una justicia vertical, que se inicia en Curitiba, que involucra al Ministerio Público o Policía Federal, a la Corte Suprema, al Congreso con diputados y senadores, y a millones de brasileños que han tomado las calles para exigir justicia.

Los políticos que se han acostumbrado a evitar la justicia, como en la República Dominicana, deberán tomar en cuenta que en Brasil se está viendo que por más encumbrando que un político se crea, y que en realidad esté, no es tan difícil bajar de la cumbre en que lo coloca ese liderazgo a las sombras de una cárcel por los delitos cometidos, abusando del poder. Las leyes y las penas que las leyes contienen no excluyen a los líderes ni tampoco a los que han sido o son presidentes. En Guatemala el año pasado fueron destituidos el presidente y la vicepresidenta por actos de corrupción, y del Palacio presidencial ambos fueron a parar a la cárcel, junto a muchos otros que se vincularon a ellos para obtener ventajas.

La caída de Lula es apenas un ejemplo de cómo es tan limitado ya el poder de los gobernantes.