El 26 de octubre del año pasado dijimos que con el caso de Los Tucano, los ojos del mundo estaban sobre la República Dominicana.
Estados Unidos presionó y sancionó con una multa multimillonaria a la empresa brasileña Embraer por acudir a los sobornos con funcionarios dominicanos para vender 8 aviones Tucano en 93 millones de dólares a la Fuerza Aérea de nuestro país.
Brasil se vio obligado a sancionar a Embraer por la misma práctica corrupta, y la empresa estatal brasileña tuvo que cancelar a los seis funcionarios involucrados en los negocios con la República Dominicana, los cuales tuvieron que ser procesados judicialmente y cumplir penas de prisión.
En Estados Unidos y en Brasil hubo sanciones contra los corruptos. En la República Dominicana, país receptor de los sobornos, todavía no hay sanción y parece que no la habrá.
Los legisladores involucrados en el caso por el Ministerio Público, y de cuyo expediente se supo con detalles por el anterior Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y la Procurador Adjunta Laura Guerrero Pelletier, ahora -como por arte de magia- no se encuentran en el expediente acusatorio entregado al juez Danilo Amador Quevedo.
Tan poca importancia tiene el expediente para la Procuraduría General de la República que fue un empleado de menor jerarquía quien lo depositó a las 12:15 de la medianoche del martes, ante el tribunal correspondiente, y posteriormente no se ha querido dar detalles de las imputaciones ni de las investigaciones que hicieron los fiscales, para presentar pruebas que hagan imposible el escape de los involucrados.
¿Cómo se excluye a los legisladores que tuvieron complicidad con este caso, bajo cuáles argumentos? Nada ha dicho el Ministerio Público al respecto. Es una pena. La forma en que se maneja el Ministerio Público parece ladina, escurridiza, poco responsable.
Laura Guerrero Pelletier, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) que llevaba el caso, tan pronto asumió Jean Alaín Rodríguez como Procurador General de la República, el agosto del 2016, cerró su boca y jamás volvió a tocar el tema. Esa pudo ser una de las prioridades de Jean Alain Rodríguez como nuevo jefe del Ministerio Público, y así lo dejamos escrito en un editorial que publicamos el 14 de septiembre de 2016, titulado “El Procurador Jean Alaín Rodríguez, Laura Guerrero, la PEPCA y el caso Tucano"
La acusación inicial se hizo contra los involucrados en la operación fraudulenta, que incluía al exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Piccini, al senador Luis René Canaán y a los empresarios Daniel Méndez Aquino y Daniel Méndez Hernández. Un diputado que estuvo involucrado no fue mencionado por su nombre, pero se esperaba que en las investigaciones que se hicieran para formular la acusación apareciera su nombre.
Los datos que se tienen indican que los nombres de los legisladores-políticos han desaparecido del expediente. Esto aumenta el descreimiento sobre las actuaciones y las intenciones del Ministerio Público en perseguir la corrupción.
Lo mismo ha ocurrido con los casos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la investigación sobre la corrupción o enriquecimiento ilícito del ingeniero Diandino Peña, cuando estuvo al frente de la Oficina para la Reorganización del Transporte Terrestre (OPRET) o las exclusiones adrede que hizo el Ministerio Público de implicados en la corrupción judicial descubierta y por la que fueron imputados el consejero judicial Francisco Arias Valera y la ex jueza Awilda Reyes Beltré.
El país necesita demostraciones de que el Ministerio Público está interesado en cumplir con su misión establecida en la Constitución, y que no anda en politiquería, protegiendo impunidades ajenas.
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