La Cámara de Diputados apenas dedicó tres minutos a conocer y aprobar, en segunda lectura, el presupuesto y ley de gastos públicos del 2012, tal y como lo hizo previamente el Senado, sin modificar una coma a la pieza enviada por el Poder Ejecutivo.

Pese a todas las advertencias, demandas, presiones y sugerencias, los diputados decidieron perder su cabeza, empeñar la independencia como poder del Estado y ceder ante el Poder Ejecutivo. Para dar una demostración firme de su postración, los diputados, que tenían una agenda de 11 puntos, iniciaron la sesión y pasaron directamente a conocer el último punto, el presupuesto y ley de gastos, que fue sancionado en apenas 180 segundos.

Vergüenza es lo que da el tipo de democracia legislativa que tenemos. No valió que se acudiera al Congreso a expresar que el país necesitaba más recursos para la educación, que se les dijera que el gobierno estaba violando las leyes que los legisladores aprobaron y que se han comprometido a defender. No valió que el CONEP dijera que con la aprobación del presupuesto del 2012 se estaba modificando sustancialmente la Ley General de Presupuesto, pues se le entrega la responsabilidad al Poder Ejecutivo de distribuir él mismo las partidas para los ministerios, lo que representa una discrecionalidad que no está contemplada en la Constitución ni en la Ley de Presupuesto.

Es decir, que la pieza que los diputados convirtieron en ley adolece de inconstitucionalidad, como bien han dicho el CONEP y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Es un presupuesto con serias lagunas, pues asigna un monto para el subsidio eléctrico inferior a lo que realmente se está entregando para ese renglón. Al parecer el gobierno y los legisladores han tomado muy en cuenta que es una pieza legislativa para ser utilizada en un año electoral, y contempla partidas que no tienen explicación.

Como ha dicho el especialista Nelson Suárez, colaborador de Acento, el presupuesto permitirá que el Poder Ejecutivo disponga en forma discrecional de 33 mil millones de pesos que deberían ser parte de las partidas de ministerios y entidades públicas, pero que serán parte del dinero que administre la presidencia de la República.

Es una ley que adolece de subvaluación en la previsión de ingresos, que prevé un crecimiento de un 5.5 del PIB, una tasa de inflación de 5.7%, una tasa de cambio promedio de 40.3 pesos por dólar y un precio del petróleo a 101 dólares el barril.

Nominalmente se establece que el monto global del presupuesto para el 2012 es de 430 mil millones de pesos, pero Nelson Suárez ha explicado el mecanismo que se ha utilizado para reducir el monto real de la previsión de ingresos, que supera los 454 mil millones, según el experto presupuestario.

Hay un serio problema de acumulación de déficits fiscales desde el 2008, que han sobrepasado los 50 mil millones de pesos por año. Hay cálculos de especialistas, como Fernando Alvarez Bogaert, que sostienen que el déficit de este año 2011 podría llegar a los 60 mil millones de pesos. Esos déficits son el resultado de las políticas clientelistas en procesos electorales o con miras a procesos electorales.

Estamos ante un serio problema de institucionalidad, de respeto a las normas, de consideración al país. Un problema de legalidad. No hay mecanismos para imponer el imperio de la ley. No hay que ponga a los políticos a respetar lo que nos hace un país democrático. Este camino no es el correcto, no conviene, no contribuye a que crezcamos y nos fortalezcamos como sociedad.

Lo lamentable es que el presupuesto aprobado, que debe ser una guía para el desarrollo, tendrá que ser modificado en el camino, porque con todos los entuertos que tiene, y que los legisladores renunciaron a analizar y a corregir, no será un instrumento de desarrollo sino un arriete para el atraso.