La sociedad dominicana sigue demostrando que está viva, que tiene voluntad política e institucional para reclamar de sus autoridades actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, y que tiene expectativas de ser mejor mejor gobernada.
Es lo que se entiende por los reclamos y presiones que se mantienen sobre el gobierno para que actúe contra los actos de corrupción que sean probados y para que investigue y sancione las denuncias y evidencias de enriquecimiento ilícito en quienes han traicionado la confianza del pueblo que los eligió, en los casos de alcaldes, regidores, diputados, senadores y del poder ejecutivo, y de quien los designó cuando de por medio existe un decreto presidencial.
En la gestión del presidente Danilo Medina se prometió, con reiteración de voluntad y con firmeza del candidato y luego presidente de que se enfrentaría la corrupción en todas sus etapas. Si existían denuncias se llamaría a los funcionarios denunciados para pedirles cuentas, y si no convencían serían investigados, y si se comprobaba alguna responsabilidad serían despedidos.
Eso ha ocurrido pocas veces. O sencillamente no ha ocurrido hasta ahora, pues con el caso más reciente, en la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte, hubo una destitución y no hay señales de que las autoridades estén interesadas en recuperar los bienes públicos sustraídos o el enriquecimiento ilícito si lo hubo. Será necesaria una investigación del Ministerio Público. Y no hay datos que indiquen que esa investigación vaya a realizarse.
Con la corrupción por narcotráfico, o por vínculo con el tráfico de drogas, las instituciones dominicanas no proceden cuando se trata de políticos. Son muchos los casos que se mencionan y la justicia ni el Ministerio Público actúan. Han ocurrido crímenes de funcionarios públicos, como el funcionario Angel Chistopher, y tampoco se ha actuado. Con los jueces corruptos, autores de sentencias corruptas y nauseabundas a favor de delincuentes, tampoco ha habido sanciones. La costumbre es cancelar a las personas identificadas, como ha ocurrido con un miembro del poderoso Consejo del Poder Judicial.
Con los sobornos comprobados, como en el caso de los aviones Tucano, que costaron 93 millones de dólares, y que generó un escándalo internacional que llevó a una sanción de la empresa brasileña Embraer, y el apresamiento de varios de sus funcionarios. Estados Unidos presionó a la justicia brasileña, y se entregaron documentos al Ministerio Público dominicano, con identificación de los responsables de esa corrupción, y apenas hay un coronel bajo prisión, que podría identificarse como lo más delgado de la soga en este caso. Hubo ministros y senadores y diputados, y empresarios relacionados con este grueso caso. Parece que la idea de las autoridades es que esto pase al cementerio de los casos pendientes, y de ahí al olvido absoluto.
Con los sobornos admitidos por la empresa que los pagó, Odebrecht, existe algo parecido. El gobierno no quiere actuar con prisa. Lleva cinco meses investigando. No hay nadie en proceso judicial. Brasil entregó en abril pasado la información al Ministerio Público dominicano. Se entiende que existe una lista de receptores de los 92 millones de dólares admitidos por Odebrecht como entregados a funcionarios y legisladores y políticos dominicanos. Pero el gobierno no tiene prisa. Esa lista es y seguirá siendo secreta hasta que se hagan las acusaciones y se entreguen los casos a los tribunales. Es lo que ha dicho el Procurador General de la República, pese a que reiteradamente prometió que el 19 de mayo habría conocimiento de quiénes fueron los que recibieron los sobornos de los 92 millones de dólares.
Esperemos que los tiempos del Procurador se acorten, y que realmente no sea miedo lo que se anide en forma de extender los plazos que ya dio tantas veces y sus promesas de que no habría vacas sagradas ni favoritismo político con nadie.
Mientras tanto, la sociedad dominicana sigue demostrando fuerza, vitalidad, esperanza, y este domingo se moviliza en Azua, en una marcha verde convocada para las 10 de la mañana, como continuación a las marchas masivas y pacíficas que ha habido en Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís y en el barrio Capotillo, para que cesen la corrupción y la impunidad.