El senador Robert Menéndez, demócrata por New Jersey, tiene serios problemas con la acusación que le formuló el Departamento de Justicia, por numerosas cargos, que incluyen prevaricación, beneficiar a un amigo, recibir fondos de ese amigo y entregarle favores que iban mucho más allá de la simple amistad. Un gran jurado validó las acusaciones y en los próximos meses habrá un juicio con toda la atención de los medios de comunicación y del poder político de los Estados Unidos. Varios jueces se abstuvieron de conocer el proceso contra Menéndez por haber recibido el favor de él cuando fueron designados. Los juzgará un tribunal de su Estado, New Jersey.
El senador Félix Bautista, del Partido de la Liberación Dominicana y representante de San Juan de la Maguana, fue imputado por la Procuraduría General de la República, por enriquecimiento ilícito, falsedad de escritura pública, lavado de activos, favorecer a sus amigos desde sus funciones como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y utilizar testaferros para sus actividades de acumulación de riqueza. La Suprema Corte de Justicia designó a uno de sus jueces para instruir el proceso o determinar su validez, se trató de Alejandro Moscoso Segarra, compañero de partido de Félix Bautista y obediente a los dictados políticos del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. En poco más de un mes rechazó todos los cargos y liberó en esa instancia de las acusaciones al senador y a sus cómplices.
Los más fieros defensores de Félix Bautista, que en la opinión pública han sido sus abogados y que en las instancias del Estado dominicano no han hecho absolutamente nada para ayudar a la Procuraduría General de la República, son precisamente los defensores de Menéndez y Melgen.
Estados Unidos y la República Dominicana son dos naciones con instituciones jurídicas muy diferentes. Con códigos y procedimientos distintos y con una institucionalidad y respeto a las leyes y a los procedimientos también diferenciados. La descripción del expediente contra el senador Robert Menéndez habla con mucha claridad de los límites sobrepasados por Menendez en sus colaboraciones con Salomón Melgen, de origen dominicano.
El expediente contra el senador Bautista habla con mucha claridad de los tipos penales en que incurrió éste y sus compañeros de andanzas, y describe con detalles las cuentas particulares de cada uno de sus aliados, la forma en que recibían los fondos públicos, sus negocios y la trama que prepararon para evadir la persecución judicial. De acuerdo con la Procuradora Especial de Persecución de la Corrupción, Laura Guerrero Pelletier, en las acusaciones contra Félix Bautista hubo por lo menos 15 imputaciones nuevas por violaciones distintas de las acusaciones que se alega habría investigado el ex director de ese mismo Departamento, en la administración de Leonel Fernández-Félix Bautista.
En los tribunales dominicanos sigue vive un proceso contra los Rayos X, mencionados como parte del expediente contra el senador Bob Menéndez. Se encuentra en el Tribunal Constitucional, donde está pendiente de fallo si se declara válido un negocio de más de 500 millones de dólares para una empresa privada, sin experiencia, que tendría el control absoluto de las inspecciones con rayos X en los puertos dominicanos. Los más fieros defensores de Félix Bautista, que en la opinión pública han sido sus abogados y que en las instancias del Estado dominicano no han hecho absolutamente nada para ayudar a la Procuraduría General de la República, son precisamente los defensores de Menéndez y Melgen. Lo han hecho públicamente, desde posiciones oficiales, desde sillones en el Congreso Nacional, y desde instancias que han tenido y parece que siguen teniendo sede en el Palacio Nacional.
Son dos procesos -el del senador Menéndez y el del senador Bautista- que tienen toda la atención de los ciudadanos, los políticos y los funcionarios de los dos países. La Suprema Corte de Justicia, con la decisión de Alejandro Moscoso Segarra, ofreció impunidad a Félix Bautista y sus cómplices, y como dijera el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, con esa decisión se abren las puertas para que todos los funcionarios roben el dinero público con impunidad. Habrá que esperar las decisiones que siguen a este proceso en la República Dominicana, donde seguirá presente la cuestión de la impunidad, y lo que ocurrirá con Menéndez y Melgen, en la justicia de los Estados Unidos, donde se supone hay menos promiscuidad que en la justicia dominicana.