El gobierno debe estudiar con sincera vocación de corrección el tema del salario en el sector público.
Los aumentos de salarios en ministros y viceministros, en directores generales y otros cargos en los que se tiene, de parte de las instituciones estatales, autonomía presupuestaria, ha degradado el salario de la mayoría de los empleados de entidades y sectores estratégicos, como educación, salud y agricultura.
Los maestros, los médicos, las enfermeras, los agrónomos y otros empleados demandan aumentos salariales. Y tienen razón en exigir salarios decentes, porque no es un posible que un profesional de la salud o un maestro o un agrónomo sobreviva con un salario de 15 mil o 20 mil pesos, cuando un alto funcionario devenga mínimo 300 mil.
La ley que regula el salario de la administración pública llegó a aprobarse en las cámaras legislativas, pero fue objetada el 15 de agosto del año pasado por el presidente saliente, Leonel Fernández, y nunca más ha habido posibilidad de volver a intentar regular legalmente los altos sueldos de los burócratas frente a los miserables salarios de los empleados públicos.
Un tema para reflexionar y para tomar decisiones urgentes de parte del gobierno: