El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no se ha caracterizado por su apoyo al campo ni a los productores agropecuarios. Luego de haber firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y otros países, la República Dominicana debió crear mejores condiciones para la producción agroindustrial nacional y para las exportaciones.

Se ha denunciado con insistencia que el gobierno ha preferido manejar las cuotas de importación con permisos otorgados a personas, sin ninguna transparencia, lo que ha puesto en riesgo a muchos productores agropecuarios nacionales, que no tienen apoyo oficial y compiten con productores de otros países que reciben enormes subsidios.

Europa subsidia a sus productores agropecuarios con más de 167 mil millones de dólares al año, y Estados Unidos financia a los suyos con más de 290 mil millones de dólares por año.

Está claro que los productos agropecuarios locales tienen unos costos mayores y no pueden competir con los mismos productos subsidiados de otros países. El arroz es uno de los casos emblemáticos. Los productores locales de arroz han recibido duros golpes en los últimos años. En este momento hay un serio conflicto con el tema del almacenamiento y la pignoración de arroz, que de alguna manera explotará en la opinión pública en los próximos días.

Este diario dio a conocer este viernes el siguiente dato: “Cinco mil productores de arroz de las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez se declararon en banca rota debido a las pérdidas que les ocasionan los altos costos combinados con la competencia desventajosa que enfrentan ante la abundancia de arroz importado subsidiado”.

Esos mismos productores han hablado con los líderes políticos del país, y han solicitado el apoyo del gobierno. Pero el gobierno siguió autorizando importaciones de arroz subsidiado de los Estados Unidos y otras naciones. Y todo se hace en un ambiente que no es precisamente transparente.

Iván Tió Pimentel, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, ha pedido que el gobierno reviseo las importaciones o que las detenga. El país no puede seguir hundiendo a sus propios productores, en beneficio de los que reciben autorizaciones para importar arroz más barato, subsidiado, de los Estados Unidos, como parte del acuerdo DR-CAFTA.

“Los agricultores exigieron al gobierno que revise el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio de República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica), porque ese convenio permite la entrada al mercado dominicano de grandes cantidades de arroz  subsidiado por el gobierno de Estados Unidos, lo que deprime los precios locales”.

Esa es la petición de los agricultores. Y les sobra razón. Producir un kilo de arroz les cuesta a los locales 16.50 y deben venderlo a 14.50, por efecto de la competencia desleal.

Son 250 mil familias que directa e indirectamente viven de la producción de arroz en  12 provincias del país. El tema es grave y requiere que el gobierno ponga atención. Las consecuencias podrían ser desastrosas para la seguridad alimentaria del país.