Los papeles de Pandora, que reúnen 11.9 millones de documentos de 14 oficinas de abogados en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Bahamas, que se especializan en crear sociedades legales para el ocultamiento o la invisibilización de fortunas y operaciones que no necesariamente deben ser del dominio público. En un sentido, se trata de operaciones aparentemente legales en paraísos fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha desarrollado un trabajo, parecido a lo ocurrido con los documentos de la oficina panameña Mossad Fonseca, que puso al descubierto operaciones ocultas, transacciones desconocidas y fortunas escondidas de personalidades relevantes de diferentes países del mundo. Varios gobernantes tuvieron que dimitir con aquellas revelaciones, y en la actualidad hay serios cuestionamientos a personalidades políticas y funcionarios que aparecen con dudosas operaciones que resultan difíciles de explicar. En Chile ya preparan un proceso constitucional de sanción contra el presidente Sebastián Piñera, por un caso de una compra de una mina en la que habría participado. Primero fueron los Papeles de Panamá y ahora son los Papeles de Pandora.
Más de 600 periodistas que participan de estas investigaciones, uno o dos por cada uno de los 117 países integrados, se concentran en la revelación sobre los funcionarios públicos o los políticos y legisladores. Y es lo correcto, porque siempre se demanda de los que ocupan funciones públicas una mayor transparencia que a los que se encuentran en el sector privado, amasando grandes fortunas con sus operaciones empresariales y financieras.
El Consorcio de Periodismo de Investigación guarda un régimen muy estricto sobre lo que se publica en cualquier parte del mundo. Mantiene un cercano acompañamiento a los periodistas que investigan, y generalmente los firmantes de los reportajes son varios de los miembros del Consorcio.
A nosotros nos interesa destacar un elemento que pudiera ser interesante, al margen de las explicaciones que han ofrecido Luis Abinader, presidente de la República, y de las otras ofrecidas por Margarita Cedeño, Leonel Fernández, o los senadores de las provincias María Trinidad Sánchez y Dajabón, Alexis Victoria Yeb y David Sosa. Si es necesario que el fisco investigue a estos personajes, que lo haga, pero que no se quede oculto, con la excusa de la privacidad, la naturaleza de las operaciones realizadas en Panamá, y en cualquiera de las 14 oficinas de abogados, por los empresarios dominicanos, a los que se supone cándidamente que las fortunas tienen una explicación y no hay que dudar de cuánto tienen o cuánto transfieren o solapan en sociedades disfrazadas, con el clarísimo objetivo de ocultar dinero que debía pagar impuestos en la República Dominicana.
Y en este sentido no se trata de ninguna crítica al trabajo extraordinario de la periodista Alicia Ortega, y su equipo del programa El Informe, pero sí una observación al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que van disminuyendo en intensidad en los trabajos que publican y se van quedando en los ruedos del trabajo cotidiano la indagación sobre las actividades evasores de las grandes fortunas dominicanas y de otros lugares del mundo. Imagen si hay datos suficientes, que la filtración señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018, y a casi 30.000 de sus beneficiarios.
En este caso nuestra recomendación es que el Consorcio no se quede con los datos de los empresarios que mantienen operaciones en cualquiera de las oficinas cuyos documentos han sido filtrados al grupo de periodistas. Si no, que se pueda dar a conocer la naturaleza de las operaciones realizadas por esos grupos, los más poderosos, los que más efectivo tienen, y exhiben, los que más fortunas tienen, los que aparecen en las revistas que analizan las fortunas de los ricos, para conocer cuál es la naturaleza de las operaciones que realizan en oficinas en Panamá y en Islas Vírgenes Británicas o en Bahamas. Pueden ser fortunas legalmente adquiridas, o mantenidas, y crecidas en tiempo razonable, pero que las utilidades sean de tal magnitud que entiendan necesario colocarlas fuera del alcance de las autoridades del fisco dominicano.
Sería un acto de equilibrio, entre lo que hacen para denunciar al sector público (se presume enriquecimiento ilícito) y lo que hacen con los datos que obtienen el sector privado (se presume evasión y el abultamiento del enriquecimiento con operaciones para eludir el pago de los impuestos). En ambos casos se trata de dinero público, no de operaciones privadas, con dinero del sector privado.