Los papeles de Panamá seguirán generando controversias y un tremendo malestar en quienes utilizaron las oficinas de Mossad Fonseca para registrar empresas offshore como forma de ocultar dinero o para realizar operaciones lícitas o evadir impuestos.
Muchas versiones se están ofreciendo sobre las intenciones del Consorcio Internacional de Periodistas al revelar la base de datos de 11.5 millones de operaciones bancarias. Ramón Fonseca, uno de los socios de la firma, ha dicho que todas sus transacciones son legales, que su labor ha sido crear las empresas, y que lo ocurrido después de esa creación no es responsabilidad de su oficina. Incluso, admite que muchos de los clientes a los que trabajaron ni siquiera se reunieron con ellos o ellos les han visto la cara.
Panamá ha sido un país que ha aprovechado las oportunidades que ofrece su legislación flexible con los servicios financieros para consolidar una especie de paraíso fiscal. Muchos bancos pequeños, muchas operaciones grandes, una gran cantidad de empresas offshore tienen sede en Panamá, y no todas tienen intereses en operaciones turbias. De eso dan testimonios las autoridades panameñas, que han dicho defenderán su sistema y no se sienten imputados por estas revelaciones. Claro, prometen que van a investigar las denuncias que existen sobre temas de lavado de dinero, protección de operaciones turbias y encubrimiento de operaciones que benefician a narcotraficantes, terroristas, políticos corruptos y gobernantes fraudulentos.
Entre las versiones más socorridas se encuentran las divulgadas por algunos de los afectados, por ejemplo Vladimir Putin y Rusia, que han acusado a Estados Unidos de ser el patrocinador de la denuncia. El Consorcio Internacional de Periodistas tiene sede en Washington y una gran parte de sus integrantes son periodistas de los Estados Unidos. Parece que no son muchos los norteamericanos involucrados en las revelaciones. China Popular también tiene explicaciones que ofrecer, porque su primer ministro sale involucrado, precisamente cuando ese país desarrolla una intensa campaña anticorrupción gubernamental. Habrá que esperar más tiempo para conocer las consecuencias políticas que pudieran derivarse sobre la dirección gubernamental China.
Ramón Fonseca ha dicho que su empresa ha sido víctima de un hackeo de sus servidores en los Estados Unidos, lo que permitió el robo de la base de datos, que tiene información sobre la creación de más de 250 mil empresas offshore. Las operaciones financieras de esas empresas son las que suman los 11.5 millones de datos.
Los cientos de periodistas que han trabajado los datos que obtuvieron se han cuidado de las consecuencias legales de la publicación. No hay un país específico como sede de la procedencia de los datos. Las primeras noticias, publicadas el pasado domingo salieron desde Alemania, y luego han ido surgiendo datos procedentes de diferentes países. Todo el mundo anda detrás de la fuente, es decir de la base de datos. Es inútil, pues han tomado mucho tiempo organizando la mayor divulgación de la historia del periodismo de datos confidenciales sobre operaciones financieras.
En el caso dominicano, que es la comidilla de los círculos financieros, se especula sobre cuántos será el momento en que se den a conocer los nombres involucrados. Aunque hubo 96 periodistas de América Latina que trabajaron datos de sus respectivos países, no los hubo de República Dominicana. Hasta el momento se han mencionado, como datos sobre la República Dominicana, la creación de 486 empresas, la existencia de 57 clientes, 67 beneficiarios y 192 accionistas.
Ya el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, remitió una carta a la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcell, solicitando información sobre las empresas dominicanas y los datos existentes en los llamados Papeles de Panamá, que pudieran ser susceptibles de investigación.
Este es un caso en que habrá que seguir esperando los datos, los nombres y los inversionistas que puedan darse a conocer.