Los obispos dominicanos tienen derecho a expresar su criterio sobre los asuntos públicos, políticos, religiosos o de la salud de dominicanos. Es un punto de vista, que podría ser atendible, o podría ser echado a un lado. El de los obispos es un criterio más, entre muchos otros. De ninguna manera su criterio está por encima de la decisión de las instituciones estatales o del gobierno electo por la mayoría de los dominicanos.
Los obispos dominicanos acaban de publicar un nuevo documento, con motivo de la celebración este 21 de enero del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, y dicen que la República Dominicana está unida a Dios indisolublemente, y que esa unidad se quebraría si se adoptara un Código Penal que prohíba la interrupción voluntaria del embarazo y al mismo tiempo permita que la mujer decida si lo mantine o lo interrumpe en tres situaciones excepcionales: si el embrión es inviable para la vida, si la vida de la mujer está en peligro, si el embarazo es fruto de una violación o incesto.
Si la República Dominicana fuera un estado teocrático o clerical habría que aceptar como decisión final lo que digan los obispos y los pastores evangélicos. Afortunadamente somos un Estado laico, liberal, democrático y de derechos, y contamos con un gobierno electo por la mayoría de los dominicanos para gobernar al conjunto de la sociedad y no solamente a los que profesan la fe cristiana.
Las cruzadas fueron una experiencia histórica, muy sangrienta por cierto, en las que quienes no creían los postulados de la Iglesia o se tenía duda sobre su fe, eran llevados a la hoguera. Tampoco sería posible lleva a cabo una aventura armada como la Guerra de los Cristeros, de México. Los obispos dominicanos deben saber que esos tiempos quedaron atrás. Y que ya 180 estados de todo el mundo han aprobado las tres causales, como eximentes de responsabilidad para la interrupción voluntaria del embarazo, y esos Estados (incluyendo Italia, donde se encuentra El Vaticano) no han disuelto su alianza con Dios, siguen una vida normal, donde hay obispos, pastores evangélicos, ateos, agnósticos y muchas otras formas de practicar la fe, no en uno, sino en cientos de dioses.
Abusan, sin embargo, los obispos dominicanos al plantearse como jueces de la constitucionalidad dominicana, y al decir que el aborto, en cualquiera de sus circunstancias, “constituye un golpe al Estado” social, democrático y de derechos que impera en la República Dominicana. Incluso, llegan al extremo de cuestionar al gobierno y al Partido Revolucionario Moderno por sostener que las tres causales son la vía más justa, honesta y científica de salvar vidas y de hacer frente a las ancestrales injusticias que se han fijado como políticas públicas y que perjudican a las mujeres. Esas mismas políticas injustas que aplastan a las mujeres, les eliminan su derecho a decidir, y sencillamente las invisibilizan irresponsablemente. Como si las mujeres no fueran personas, no merecieran el derecho a la vida o no tuvieran opción a decidir en casos éticamente cuestionables, como obligarlas a parir un hijo resultado de una violación sexual o de un incesto.
En la Iglesia las mujeres jamás han tenido derechos. Siguen siendo ciudadanas sin derechos y sin posibilidad de jugar un rol, como seres humanos, más digno ante ese Dios que generan los hombres que encabezan la Iglesia y presiden todas las ceremonias. No importa que sean pederastas.
La Iglesia sigue teniendo un serio problema de ubicación. El tiempo que vivimos es otro distinto al de las cruzadas o al del Estado teocrático. La Iglesia no puede convertirse en un tribunal ético para juzgar al gobierno y a todos los sectores que no comulguen con ella. ¿Donde dejaremos la historia de pedofilia y abusos sexuales al interior de ella? ¿Dónde esconderemos los cientos de historias de violaciones sexuales de seminaristas, jamás judicializaos ni publicados por el poder que han tenido los obispos? ¿Dónde esconderemos la historia de Joseph Wesolowski, nuncio papal violando niños pobres dominicanos? ¿Los crímenes cometidos por sacerdotes en diferentes lugares, por razones de sexualidad mal administrada? ¿Puede el obispo de Baní responder por la historia de infamia, abuso, castigos, muertes que han quedado ocultas bajo la sotana eclesial dominicana? ¿Los hijos abandonados por sacerdotes y obispos? ¿Los hijos negados a mujeres creyentes que quedaron en las garras de sacerdotes violadores?
Por eso decimos que no hay un centro moral para juzgar y decidir por el pueblo dominicano. El presidente Luis Abinader tiene razón, como la tiene el 80 por ciento de los dominicanos, que en distintos momentos han expresado su aprobación a las tres causales. Y que la siguen expresando, luego de 20 años de lucha denodada para que las mujeres tengan derecho a no morirse por un embarazo eptópico o intrauterino, o a abortar por una violación o un incesto, o a proteger sus vidas si se trata de un embarazo infuncional.
Tenemos que admitir con humildad que los países más avanzados del mundo aprobaron hace cientos de años las tres causales y la han defendido. Que las conferencias episcopales de Alemania, Francia, España han admitido las causales como una opción viable para proteger la vida de la mujer. Argentina, que recién acaba de aprobar el aborto en cualquier circunstancia hasta las 14 semanas de embarazo, aprobó las tres causales en 1921. Italia, Alemania, Estados Unidos, y todos los países de Europa, y Canadá, y China, y Rusia, aprobaron hace muchos años el aborto en cualquier circunstancia. Los dominicanos estamos entre los poquísimos países que aún discute este tema. Y los obispos quieren abrir nuevas hogueras para meter al gobierno y a todos los que pensamos, y sostenemos, que las tres causales son la opción más justa, honrada, ética, honesta y científica para proteger a las mujeres. Ojalá que los obispos salgan del siglo XII, al final del medioevo, donde siguen extrañamente metidos.
Nota: Este editorial de Acento fue publicado el 12 de enero de este año, y dado el nivel que ha alcanzado el debate sobre el Código Penal y las tres causales, creemos necesario repetirlo para reiterar algunas de las ideas que contiene sobre la pertinencia de ponderar la calidad de los derechos de las mujeres.