Desde la pasada semana se discute sobre los contratos firmados por el gobierno dominicano con el asesor político y electoral brasileño Joao Santana.
Tres diputados del Partido Revolucionario Moderno, encabezados por Faride Raful, dieron a conocer datos sorprendentes sobre los negocios obtenidos por las empresas del asesor electoral luego del triunfo del presidente Danilo Medina.
Los diputados del PRM tienen todo el derecho a pedir informaciones, y a obtenerlas y utilizarlas, sobre los negocios que realiza el gobierno con sus allegados políticos. Algunos de esos negocios podrían interpretarse como favores y gratuidades para compensar su trabajo para el triunfo electoral del presidente y su equipo. El gobierno está obligado a responder y entregar los datos que se solicitan, sin ofenderse y sin agredir a nadie. Se trata de un objetivo común para los que participan del debate: La transparencia en el uso de los fondos públicos.
Dos funcionarios del gobierno, que firmaron los cuatro contratos con las empresas de Joan Santana y Mónica Moura, han respondido a las acusaciones de los diputados del PRM. Estaban obligados a responder, en aras de la transparencia.
José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, quienes dirigen los dos departamentos del gobierno que firmaron contratos con las empresas de Joao Santana, han acusado a los diputados del PRM de mentir. Han dicho que no son contratos por 1,400 millones de pesos, sino contratos por 430.5 millones de pesos. Se puede debatir los aspectos legales, si hubo licitación o no, si los contratos se hicieron con los peritajes que ordena la ley de compras y contrataciones, pero es necesario admitir, que una sociedad como la dominicana no puede darse el lujo de disponer de 430.5 millones de pesos para un propagandista, por más asesor que sea. Eso es mucho dinero y debiói licitarse, para darle oportunidad a empresas dominicanas, que bien ganada experiencia tienen en los asuntos de promoción. ¿Se podrá ver la constancia de los trabajos de Joan Santana?
La investigación de los diputados del PRM se sustenta en los datos oficiales que entregan las autoridades. Se entiende que la Contraloría General de la República antes de entregar datos a diputados de la oposición, consultó con los incumbentes José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena. Es decir, no es ni ha sido una sorpresa para el gobierno que estos documentos estén en debate ahora. Los diputados del PRM tienen absoluto derecho a determinar el momento en que hacían su denuncia.
De acuerdo con la respuesta del gobierno, el 7 de abril del 2017 al diputado Francisco Javier Paulino se le entregó información desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia sobre los contratos, y el 6 de febrero de este año la Contraloría General de la República entregó los datos a Faride Raful, pero nunca por los montos que ella supuesta habría denunciado.
Los contratos entregado son sólo 4:
Dos del Ministerio Administrativo de la Presidencia por 184.1 millones de pesos, y 139.1 millones de pesos, y dos de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, uno por 71.6 millones de pesos y el segundo por 35.8 millones de pesos. Esos contratos iniciaron el 3 de diciembre de 2012 y finalizaron el 3 de diciembre del 2015, los de Polis, y los de CINE & ARTS2013 el 3 de marzo de 2014 y finalizaron el 3 de marzo de 2016.
Las entidades con sede en el Palacio Nacional admiten haber pagado servicios por 430.5 millones de pesos. Sería interesante conocer el producto entregado por las empresas de Joao Santana.
Por otro lado, habría que tomar en cuenta que el señor Santana y su esposa recibieron pagos desde la empresa Odebrecht por servicios prestados en la República Dominicana. ¿Eran servicios al PLD y o al gobierno del presidente Medina? ¿Estaba involucrado el Partido de los Trabajadores de Basil en esos pagos? ¿Estaban esos pagos relacionados con la red de corrupción de la empresa Odebrecht en el país?
Muchas dudas siguen vigentes sobre los negocios del señor Joao Santana en la República Dominicana. En Brasil fue condenado por lavado de activos y por ser parte de una red mafiosa. Está cumpliendo condena y pronto irá a prisión domiciliaria por colaborar con las investigaciones de la justicia de Brasil, con una delación premiada.
En la República Dominicana falta una investigación sobre estos negocios. Le fue solicitada al Ministerio Público formalmente, por cinco organizaciones de la Sociedad Civil, pero el gobierno está interesado en otros asuntos, y no precisamente en que se indaguen los trapos sucios de por lo menos dos campañas políticas controversiales. Como aspiramos a la transparencia, debíamos esperar que haya oportunidad de develar los manejos políticos dado a los negocios y compensaciones de Joao Santana en las campañas electorales del país.