El país está expuesto, por su ubicación geográfica, a los peligros de los huracanes y de las inundaciones, cuando caen lluvias por períodos extendidos, como ha ocurrido este año. Por tanto, el gobierno debe fortalecer los sistemas de asistencia y protección de una gran parte de la población que queda expuesta a los peligros que representan estos fenómenos naturales.
El huracán Mathew pasó a principios de noviembre por nuestra zona y no causó graves daños, pero dejó muchas lluvias que todavía hoy afectan a numerosas comunidades. Haití fue el país que más daños recibió como consecuencia del paso de Mathew, pues más de 500 personas fallecieron, muchas otras personas desaparecieron y docenas de comunidades quedaron incomunicadas.
El pasado año una sequía afectó duramente las zonas productoras de plátanos. La escasez de un producto agrícola de amplio consumo generó serias preocupaciones. Hubo que importar plátanos desde Centroamérica. En el 2017 podría tener una situación parecida, pues los plátanos del sur han sido afectado por una enfermedad y los del norte han sido arrasados por las inundaciones.
El fortalecimiento de nuestras unidades de protección ante situaciones catastróficas es una de las tareas que debemos emprender con urgencia.
Una vez es la sequía. Otra es el exceso de lluvia. Otras veces son los huracanes. Hay zonas que resultan afectadas por tornados o por descargas eléctricas. La gente que más sufre es, casi siempre, la más pobre, la más desprotegida.
Países como Cuba, Jamaica y Puerto Rico han logrado establecer sistemas de protección ante situaciones de emergencia, como los aquí señalados. Y especialmente tienen redes de asistencia y protección, y sistemas de evacuación para proteger las vidas de sus ciudadanos.
En la República Dominicana el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es una instancia pública que trabaja con eficiencia cuando el país se proyecta como posible afectado por un fenómeno natural, o actúa cuando hay grandes desplazamientos de personas, como los fines de semana.
Las diviersas entidades reunidas en el COE, especialmente la Defensa Civil cuentan con la valiosa labor de la ciudadanía voluntaria que acude en auxilio de los damnificados sin recibir a cambio ninguna paga económica.
Sin embargo, no tenemos actualizados planes de protección y socorro, con recursos humanos y económicos para enfrentar desastres. Lo estamos viendo con las inundaciones en la región norte del país. El gobierno apoya, y dedica recursos, hay miles de personas desplazadas, con una exposición muy alta a las enfermedades. En caso de que se produjese un terremoto, en una escala que afecte seriamente las infraestructuras viales, puentes, edificios, nuestros planes son precarios.
Las diferencias entre tener planes y no tenerlos son importantes, representan vidas humanas. El terremoto que afectó Haití en el 2010, de 8.0 en la escala de Richter, causó 316 mil muertes, y dejó más de 300 mil personas heridas. En septiembre del 2015 Chile sufrió un terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter, y apenas hubo 15 personas fallecidas. Hay muchas explicaciones a estas diferencias, pero una fundamental es la existencia de planes de prevención.
Las lluvias que nos han afectado de forma continua por varias semanas han destruido puentes, carreteras, en penetrado a comunidades rurales y urbanas, y ciudades como Puerto Plata han resultado inundadas, sin que las autoridades pudieran evitar el desastre. Hasta ahora no se tiene conocimiento de la magnitud económica de los daños, pero sabemos que las consecuencias serán muchas para las comunidades directamente afectadas y para el país.
El fortalecimiento de nuestras unidades de protección ante situaciones catastróficas es una de las tareas que debemos emprender con urgencia. Los recuerdos de desastres causados por ciclones con David, Federico y Georges debe servirnos de experiencia. Para que los daños puedan ser mitigados sin sacrificios de vidas. Esa debe ser una aspiración.