Cada día surgen nuevos elementos que ponen en evidencia las probables torpezas   cometidas por el Gobierno y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en la licitación de las dos plantas de 300 metas cada una, en base a carbón.

Tanto el presidente Danilo Medina como el vicepresidente ejecutivo de las CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, hablaron este martes de conspiración para impedir que se obtenga el financiamiento del proyecto.

Además de la teoría de la conspiración, parcialmente puesta en evidencia con un acuerdo entre partes publicado por Acento.com.do, el lunes pasado, el Gobierno y la CDEEE deben ya presentar argumentos técnicos para descalificar a los que han interpuesto la demanda judicial ante el Tribunal Superior Administrativo, y que paradójicamente fue acogida para enturbiar más el proceso.

Lo que llama la atención es que el Gobierno y la CDEEE tienen esos argumentos y no los han querido utilizar. Esos argumentos darían luz y evitarían que crezca la oscuridad que se ha plantado sobre las intenciones de las autoridades.

Toda la evaluación técnica de la licitación recayó sobre la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultans, que tiene más de 100 años de experiencia. Esa firma, sin embargo, fue cuestionada de manera pública por Posco, aduciendo la posibilidad de vínculos con una de las empresas del consorcio ganador, Odebrecht-Tecnimont.  A ese cuestionamiento público, y presentado también por las vías que establecía el proceso de licitación, no se le dio respuesta. O las respuestas no fueron públicas.

La campaña de desprestigio fue extrema, y como parte de ella la empresa Posco y sus socios de Andrade Gutierrez y Ozoria, cuestionaron el supuesto ocultamiento de información financiera de una de las firmas que ganó. No se conoce de manera pública la respuesta institucional que se le dio a esta solicitud.

Los dos casos anteriores arrojan un manto de oscuridad al proceso de licitación administrado por Cdeee. Conocemos que hubo intentos por explicar públicamente la transparencia del proceso, pero los intereses eran muchos y la capacidad de explicación del Gobierno y la CDEEE muy reducida, aparentemente.

La evaluación técnica que hizo Stanley Consultans arrojó resultados absolutos: Descalificó a tres (3) de los cuatro (4) consorcios que plenamente hablan sido clasificados, lo que decía en palabras llanas y sencillas que la Cdeee quería comprar un automóvil Mercedes Benz y tres (3) de las cuatro (4) empresas que habían sido precalificadas previamente ofertaron carros con características técnicas muy diferentes a las requeridas, y que eso explica la diferencia de precios que se alega existe entre las ofertas de las descalificadas con el único consorcio que sobrevivió. Queda dicho que la Cdeee no conoció ni conoce, en teoría, los sobres económicos de las tres (3) ofertas descalificadas.

La CDEEE pidió un automóvil Mercedes Benz y los tres consorcios descalificados ofertaron autos marcas Kia, Mazda, o Mitsubishi, que si bien es cierto son automóviles también, no es lo mismo, en precio, en rendimiento, en conford, aunque realicen las mismas funciones de trasladarte de un lugar a otro.

Lo extraño es que la CDEEE no utilice esos argumentos y en cambio se amarre exclusivamente a la teoría de la conspiración, junto con el presidente Danilo Medina. Las empresas y los consorcios cuando participan en licitaciones tan grandes como esta, realizan inversiones, dedican mucho tiempo de sus ejecutivos y su personal, y no terminan de aceptar la derrota, y más si se trata del modo en que fueron derrotados, sin que se conocieran los detalles de su trabajo.

Un último elemento que añadió más oscuridad al proceso, y que dio fuerzas a los argumentos de la falta de transparencia, es que dos miembros del Comité de Licitaciones, Ramón Flores e Isidoro Santana, reconocidos como serios y competentes, se negaron a firmar las actas de la adjudicación al consorcio ganador.