Una comisión de la Cámara de Diputados discute en estos momentos una propuesta de ley, del legislador Elpidio Báez, que modifica la vieja ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento a través de los medios de comunicación, y que representa un avance importante en materia de libertad de expresión.
El gobierno del doctor Leonel Fernández había intentado modificar la ley 6132, por medio de una propuesta que entregó una comisión designada para tal fin y que encabezó el doctor Rafael Molina Morillo. Se trató del llamado Código de la Comunicación, que incluía las modificaciones del reglamento de espectáculos públicos y radiofonía, la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y el código de autoregulación publicitaria.
La propuesta del Código de la Comunicación le fue entregada al doctor Fernández, quien decidió guardarla, porque en el contenido nuevo para cambiar la ley 6132 se incluía la despenalización de los delitos de prensa, y su sanción exclusivamente por la vía civil. Es decir, se eliminó la cárcel por delitos de prensa. El doctor Fernández era contrario a esa idea.
Elpidio Báez, que ha sido periodista y que ahora desempeña una labor como diputado, asumió el desafío de cambiar la vieja ley del Consejo de Estado sobre medios de comunicación. Esa vieja ley tiene muchos errores, incluyendo errores materiales, y está desfasada, con la revolución que el mundo ha registrado en los medios de comunicación, el surgimiento del Internet y las redes sociales.
Es una lástima que todavía la República Dominicana se esté rigiendo en materia de libertad de expresión con esa legislación. Ya el Tribunal Constitucional eliminó la responsabilidad en cascada, contenido en la ley 6132, que incluye -en primer lugar- a los directores de los medios como responsables de los delitos cometidos en las empresas informativas o periodísticas que dirigen. Ahora quien comete la infracción es el responsable, sin incluir al director del medio, salvo cuando el delito no tiene un autor directo.
La propuesta de ley de Elpidio Báez aun incluye la prisión por delitos de prensa, pero de forma diferente. Prisión por menos de un mes, y nunca más de ahí, inclinándose básicamente por la responsabilidad civil y pagar los daños y perjuicios ocasionados por los delitos de prensa comprobados y juzgados por los tribunales.
Ojalá que se elimine la responsabilidad penal, y que la comisión bicameral que estudiará la pieza en los próximos días avance en esa dirección.
Es cierto que hay profesionales del delito de prensa en el país, que hay medios dedicados a dañar reputaciones, o al chantaje y la extorsión. El control sobre los mismos, y los delitos que allí se cometen pueden quedar solucionados por la sanción civil, en particular por la responsabilidad que tienen los empresarios o propietarios de los mismos, en resarcir económicamente los delitos cometidos.
No hay otra forma. Ojalá que Elpidio Báez y los comisionados de la Cámara de Diputados y del Senado así lo entiendan.