La Procuraduría General de la República informó haber recibido el segundo pago de la empresa Odebrecht, por 30 millones de dólares, en cumplimiento de la sanción que le fue aplicada por haber sobornado a funcionarios dominicanos para la obtención de las 17 obras en las que esa empresa ha intervenido en la República Dominicana, entre el 2001 y el 2014.
El pago fue realizado el 20 de julio pasado, en cumplimiento del cronograma que fue establecido para los desembolsos de 184 millones de dólares. Al mismo tiempo que se informaba del pago en la tarde del pasado miércoles, la empresa brasileña ofrecía informaciones sobre la nueva imagen que desea proyectar en sus operaciones en el país, en donde continúa ejecutando el más grande proyecto del gobierno dominicano: La terminación de las plantas de carbón de Punta Catalina, que generarán 700 megavatios de energía, y que podrían comenzar sus operaciones en diciembre de este año.
El primer pago de Odebrecht al Estado, por vía de la Procuraduría General de la República, se habría utilizado en el presupuesto de la Procuraduría para aumentar los salarios del personal que allí labora. Esa fue la información que se dio desde muy temprano, y que los primeros 30 millones de dólares no pasaron al Ministerio de Hacienda, como debía ocurrir. El Estado Dominicano tiene lo que se conoce como la Cuenta Única del Tesoro, que es receptora de las recaudaciones que reciben diversas instituciones estatales. Esa cuenta la maneja la Tesorería Nacional, por disposición de la ley Ley 567-05.
Llama la atención que la Procuraduría General de la República esté tomando decisiones sobre los fondos recibidos de Odebrecht. El dinero recibido el 20 de Julio será utilizado, de acuerdo con los datos ofrecidos por la propia Procuraduría, para mejorar el sistema carcelario dominicano. Se supone que en el presupuesto del 2018 y 2019 hay fondos asignados para esas mejoras.
Lo que dice la Procuraduría es que estos nuevos 30 millones de dólares serán incorporados “al presupuesto de la institución a los fines de desarrollar los programas de prevención y combate de la criminalidad en el país, así como a la reforma penitenciaria, proyectos que han sido declarados dentro de las prioridades de la presente gestión”.
La Ley de la Tesorería Nacional No. 567-5 no excluye a la Procuraduría de las instituciones que deben cumplir con las obligaciones de entregar los recursos que reciben por acuerdos, impuestos, sanciones, entre otros motivos, de entregar los fondos a la Cuenta Única del Tesoro. La Procuraduría General de la República no es administrativamente independiente, se encuentra entre las entidades vinculadas al gobierno central.
En el presupuesto general del 2018 se asignó un monto a la PGR, y salvo que se disponga mediante resolución del Congreso Nacional, una reasignación de fondos, está prohibido que el Ministerio Público administre para su propio provecho los fondos del acuerdo con Odebrecht. En el 2018 se trata de 60 millones de dólares, que a la tasa actual representaría casi 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, si el gobierno no se ha interesado en recibir estos fondos, por lo menos debió emitirse un decreto del presidente de la República autorizando a la Procuraduría General de la República a incorporar los 184 millones de dólares de la sanción a Odebrecht a su propio presupuesto.