En los últimos 8 años los ayuntamientos del país han dejado de recibir por lo menos 30 mil millones de pesos por incumplimiento de los gobiernos del PRD y del PLD de la Ley 163-03, que estableció la entrega del 10% del presupuesto nacional de cada año para los gobiernos locales.

El dato lo ha ofrecido Víctor D´Aza, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), en el más reciente debate sobre las facultades o no de los ayuntamientos para establecer tasas, impuestos y otros arbitrios a las empresas establecidas en sus demarcaciones geográficas. Ya la Suprema Corte de Justicia decidió contra los ayuntamientos en el caso de la tasa que quisieron establecer para las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

Los ayuntamientos deben mejorar la calidad, higiene y administración de servicios fundamentales como los mercados, los cementerios, la limpieza de las vías, el ordenamiento urbanístico, entre otras actividades

Para ser justos, hay que decir que la Ley 163-03 se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía, y que fue solo un año que se incumplió con la ley en cuanto al monto a entregar a los ayuntamientos, pasando de un 4 a un 6 por ciento del presupuesto. Mejía prometió que el aumento, hasta el 10%, sería escalonado. Los restantes 7 años corresponden a gobiernos encabezados por Leonel Fernández. Y la ley no se cumple ni tiene visos de que comenzará a ser ejecutada.

Por eso resulta inaudito que habiendo una ley, los ayuntamientos pretendan ampliar sus ingresos con nuevos impuestos. No es facultad de los cabildos imponer impuestos. Deben cobrar por los servicios que prestan, pero la parte impositiva está reservada al Congreso Nacional. La salvedad en estos casos corresponde a los servicios. La doble tributación sería injusta y no se corresponde en un Estado de derechos.

Los ayuntamientos deben mejorar la calidad, higiene y administración de servicios fundamentales como los mercados, los cementerios, la limpieza de las vías, el ordenamiento urbanístico, entre otras actividades que competen a su gobierno, y que resultan pobrísimos o que sencillamente son inexistentes.

Las cifras ofrecidas por FEDOMU es casi simbólica. Es el mismo monto que el presidente Fernández atribuyó a la corrupción en 1996. Es la misma cifra que dijo el gobierno haber invertido en la construcción de la primera línea del Metro de Santo Domingo. ¿Qué habrían hecho los ayuntamientos con ese dinero, en caso de haberlo recibido durante esos 8 años? ¿Lo habrían invertido en servicios o lo habrían dilapidado entre su burocracia, como parte de la ración del boa?

No lo sabemos. Es posible que algo se hiciese con esa cantidad de dinero. Mientras tanto, habría que atribuir al sacrificio de los ayuntamientos del país la construcción del Metro.