Al gobierno del presidente Danilo Medina generalmente hay que adivinarle el pensamiento. Nadie sabe cómo funcionan determinadas áreas, porque en representación del gobierno no es posible que nadie saque la cabeza. El caso Loma Miranda es más que elocuente.
Cuando se inició el movimiento en contra de la explotación de Loma Miranda por parte de la empresa Falcondo, las autoridades se escudaron en la necesidad de un estudio ambiental que fue encargado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La posición del Ministerio de Medio Ambiente nadie la entendió, porque todo el tiempo estuvo diciendo que asumiría una postura responsable, pero nadie supo nunca cuál era la real posición del Ministerio ni del ministro.
¿Cómo justificar el silencio de sus ministros y del propio mandatario, cuando pudieron plantear una posición antes de que esta ley estuviera aprobada y evitarle al Congreso el ridículo en que pudieron haber caído como consecuencia de responder a una demanda popular?
Cuando el movimiento por la conversión de Loma Miranda en Parque Nacional se aceleró, el gobierno decidió esconder la cabeza y esperar. Del Palacio Nacional no fue posible que nadie sacara la cabeza con una posición a favor ni en contra. Defenderemos el interés nacional, fue una frase que se escuchó repetidamente, pero nunca nadie supo cómo se haría realidad esa defensa.
El movimiento contra la explotación de Loma Miranda siguió su curso. En un almuerzo con medios de comunicación, ejecutivos de Falcondo explicaron que para declarar Loma Miranda Parque Nacional el gobierno tendría que compensarles a ellos como empresa y tendría que hacerlo con los demás propietarios de terrenos en ese lugar. En esa ocasión se habló de que Falcondo acudiría a un arbitraje internacional.
La cantidad de dinero que tendría que compensar el gobierno es de una dimensión grande, muy grande, hasta para el gobierno.
Danilo Medina, en un reciente encuentro con periodistas en el Palacio Nacional dijo que no hablaría sobre Loma Miranda hasta que el Congreso Nacional tomara una decisión. El respeto por la separación de poderes y la prudencia le aconsejaban no hablar sobre el tema. En términos parecidos lo explicó el propio presidente Medina.
Sin embargo, es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que decide los nombres de los presidentes de las cámaras legislativas, como acaba de ocurrir recientemente, y quien toma otras decisiones importantes de políticas públicas.
Luego de que el Congreso Nacional convirtió en ley la propuesta de Loma Miranda como Parque Nacional, los funcionarios del gobierno han salido a los medios a poner en evidencia las deficiencias del proceso. El Ministerio de Medio Ambiente nunca emitió opinión sobre el caso a solicitud de los legisladores, dijo el Ministro Bauta Rojas Gómez. ¿Había que pedirle opinión sobre un tema que estaba en discusión y demandaba una intervención responsable, de experto y ente regulador al Ministerio de Medio Ambiente?
Por otro lado, sale el Ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, diciendo que la Ley que se aprobó en el Congreso adolece de debilidades que la convierten en candidata a ser objetada por el presidente de la República. No son suficientes los estudios y habría que compensar económicamente a la transnacional y a los propietarios de los terrenos.
Y casi al mismo tiempo el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dice que no hay dinero para pagar las compensaciones que demanda la conversión de Loma Miranda en Parque Nacional, y se pregunta si los legisladores que aprobaron la pieza incluyeron las fuentes de esos fondos en la ley.
Estamos ante un fiasco mayúsculo. El gobierno no quiso opinar y tuvo tiempo y chance de hacerlo, y cuando la realidad le viene encima los funcionarios salen todos a la vez a rechazar la aprobación de Loma Miranda. Ahora el problema es más grande y más difícil de desenrollar porque estamos ante una ley que le tocará al presidente de la República devolver al Congreso. ¿Cuáles serán las justificaciones que dará el presidente Danilo Medina? ¿Cómo justificar el silencio de sus ministros y del propio mandatario, cuando pudieron plantear una posición antes de que esta ley estuviera aprobada y evitarle al Congreso el ridículo en que pudieron haber caído como consecuencia de responder a una demanda popular?