El nuevo ministro de Defensa, teniente general Máximo Muñoz Delgado, ha dicho que no ha recomendado al presidente de la República Danilo Medina ningún retiro de oficiales o de generales, pese a que es una violación de la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa que exista una cantidad exagerada de generales, 170 activos, en vez de los 52 que manda la ley.
Está claro que el nuevo ministro de Defensa acaba de llegar a la posición. El presidente ha cumplido con la ley, que ordena un período de dos años para el ministro de Defensa. El anterior incumben, Sigfrido Pared Pérez, pasó a la vida civil, ahora como jefe del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).
“Yo no he hecho ninguna recomendación de retiro de militares, pero esa es una decisión exclusiva del Presidente de la República”. Es lo que dijo Máximo Muñoz Delgado, y deja implícita la decisión de tampoco hacer recomendación al respecto, porque esa es una cuestión “exclusiva” del presidente de la República.
El tema de los generales activos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional es algo viejo, sin solución. En el caso de la Policía se trata de un cuerpo civil que ha sido asumido con la condición de milicia, y que se le han otorgado rangos y posiciones y hasta disciplina militar. Gran error, herencia del trujillato, y por supuesto una rémora de esa ambición de muchos ciudadanos de ascender con el impulso de las relaciones primarias, de los amigos y familiares, y de las relaciones políticas.
Los presidentes no han podido contener la firma de decretos con ascensos de oficiales a generales, mayores generales, almirantes y vicealmirantes, con sustento en el presupuesto nacional, y con ello han desnaturalizado la profesionalización militar, la especialización policial y han deteriorado la imagen y roles que esas instituciones deben jugar en la sociedad dominicana.
Si tenemos 170 generales activos en las Fuerzas Armadas y más de 100 en la Policía Nacional, es responsabilidad de los últimos presidentes que ascendieron oficiales, violando el escalafón militar y policial, por pura conveniencia política.
Entre los generales dominicanos, bastante devaluados por cierto, existe la convicción de que quien le ascendió al más alto rango de la milicia es quien recibe la gratitud eterna de ellos, de sus familiares y subalternos. Y hasta se integran a la actividad política partidaria, en desmedro de su condición de entes alejados de las cuestiones políticas y de partidos.
Tanto es así que varios partidos políticos que se han creado son dirigidos por oficiales generales en retiro, y existe una hermandad de retirados que se dedica a la actividad política, o un partido de veteranos y civiles que alude a la cuestión militar.
Es decir, estamos como país ante una tremenda debilidad de los presidentes, que no se atreven a poner en retiro a los militares que alcanzaron el rango máximo, y no lo hacen para no ganarse enemigos innecesarios, porque los generales que salen en retiro se convierten en enemigos de los presidentes que los enviaron a sus casas.
Esa es la cuestión. Ojalá que el presidente Medina haga lo que nunca se ha hecho con estos generales que andan sin tropa, sin servicio, sin ocupación, pero que se llevan una parte del presupuesto militar en servicios, seguridad, gasolina, automóviles y viáticos, además de las armas y de las demandas que hacen, con presión en muchas ocasiones, para que las instituciones públicas les sirvan o se pongan a su servicio.
Todo el mundo lo sabe, incluyendo al presidente de la República, quien debe hacer, en este sentido, lo que nunca se ha hecho.