El gobierno del presidente Luis Abinader tiene presión de las bases del Partido Revolucionario Moderno por el tema del empleo. También tiene presión de la base de la sociedad, especialmente clases medias, que esperan los sometimientos a la justicia por corrupción en la administración pública. No se sabe cuál de estas dos presiones es más apremiante para los principales funcionarios del gobierno.
La dirección del PRM sabe que en los municipios, y en el soporte de las candidaturas a diputados y a senadores, hubo pactos y acuerdos, y entre las cosas incluidas en esos acuerdos, estaban las promesas de empleos. Los perremeistas y los aliados de los perremeistas quieren empleos, porque el concepto utilizado en la campaña fue repetir la misma práctica clientelar de todos estos años, en que el Estado es un botín que se distribuye a conveniencia política.
La cosa era más o menos así: A un funcionario se le designaba, por ejemplo, en Inespre, y ese funcionario entregaba salarios desde el Inespre a todos los simpatizantes del partido aliado, o del funcionario del momento. Todos vivían y se enriquecían con el Inespre, independientemente de que la institución no sirviera para nada.
¿Qué pasará con la empresa Odebrecht, por ejemplo, que ha mantenido sus operaciones en la República Dominicana, luego de reconocer que pagó sobornos a funcionarios públicos que no han sido identificados? Odebrecht recibió el beneficio de un acuerdo del Ministerio Público, con aval de un juez, para que ningún funcionario de esa empresa pudiera ser sometido a la justicia.
Parece, eso es lo que ha prometido Luis Abinader, que esa práctica no se va a repetir, y por tanto muchos de los que buscan empleos como parte del botín político electoral están equivocados. Quieren empleos a toda costa, incluso lo desearían en instituciones que están en proceso de liquidación. Los que desean un salario no les importa en qué nómina les pongan. Quieren repetir la práctica de la pasada administración. Los principales funcionarios del gobierno tendrán que plantarse y evitar que les doblen el pulso, porque la práctica clientelar es muy poderosa y tiene posibilidad de replantarse y repetirse.
Lo otro, lo vinculado a las clases medias, es urgente. Cualquier proceso penal requiere de una investigación bien documentada, pruebas irrefutables, y muy cuidadosamente llevada en la parte de los procedimientos, para evitar que cualquier tribunal la mande a un archivo de la que no pueda salir. Los pasados funcionarios quieren que sus casos no se revivan.
La Procuraduría General de la República ha dicho que encontró más de 200 casos de corrupción archivados. Grandes y pequeños. Hay que revisarlos. La ciudadanía tiene pendiente el caso Odebrecht, sobre el que se cree que son muchos los que fueron dejados fuera y otros fueron incluidos para desviar la atención. El PRM ganó las elecciones, en parte, para hacer justicia y perseguir la corrupción. ¿Qué pasará con el caso Odebrecht que está en manos de un tribunal de primera instancia? Ese proceso carece de relevancia, porque los imputados no son todos los que debían estar, y el expediente fue manipulado por las autoridades anteriores. ¿Qué hará la nueva Procuradora con ese caso? Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, procuradores y directores de Persecución de la Pesca, hablan de Odebrecht 2.0 como novedad. Han encontrado nuevos datos. El caso Punta Catalina está pendiente y hay que retomarlo. Los codenomes son una curiosidad muy grande para todo el país. Todos queremos saber quiénes son los nombres que se ocultan detrás de los atrevidos pseudónimos. ¿Qué pasará con esos codenomes? ¿Cuándo los vamos a conocer? ¿De qué depende que los conozcamos?
Haría falta que el país comience a tener claros estos asuntos. Este gobierno apenas tiene 45 días, y desde algunas trincheras ya comienzan a dispararle para desmoralizarlo. El Partido de la Liberación Dominicana ya definió que hará oposición, y la ha estado haciendo, para defender la obra de Gobierno de Danilo Medina, quien gobernó 8 de los 16 años que tenía en el poder el Partido de la Liberación Dominicana.
Corresponde que la política de transparencia del actual gobierno se perfile con algunos indicadores que satisfagan a las clases medias que dieron apoyo a Luis Abinader para que se hiciera justicia y se castigara la corrupción. Algunas cosas pudieran hacerse, en las próximas semanas, en lo que los fiscales hacen su trabajo y preparan expedientes para ser conocidos en los tribunales. ¿Qué pasará con la empresa Odebrecht, por ejemplo, que ha mantenido sus operaciones en la República Dominicana, luego de reconocer que pagó sobornos a funcionarios públicos que no han sido identificados? Odebrecht recibió el beneficio de un acuerdo del Ministerio Público, con aval de un juez, para que ningún funcionario de esa empresa pudiera ser sometido a la justicia.
En materia de transparencia la gente espera que la gran obra de Luis Abinader y el PRM sea someter a la justicia a los que hicieron fiestas con el dinero público, en el caso Odebrecht, amparados en un sistema de impunidad que los protegía dentro y fuera de la República Dominicana. El país dijo que no era posible, y por eso en medio de la pandemia fue a buscar un nuevo presidente. Y ya lo tiene.