Los niños, niñas y adolescentes son seres humanos en formación. Las medidas socio-educativas que la ley dispone tienden a reeducar a este ser humano en formación: a encaminar la conducta de un ser humano en una fase en que tal posibilidad existe aún.

Pero la ley 136-03 no hace esto en el vacío, sino sobre la base de una serie de instituciones que deben prestar asistencia a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, sean ellos y ellas inimputables penalmente o no.

Estas instituciones prácticamente no existen a la fecha.

La misma clase dirigente que hoy pretende ganarse votos con promesas de “mano dura” no ha destinado los recursos necesarios para su creación efectiva.

  • ¿Cómo vamos a resolver el 34 % de tasa de desempleo de jóvenes de nuestro país, siendo este uno de los porcentajes  más altos de América Latina?
  • ¿Por qué el nuevo modelo penitenciario no ha empezado con los más jóvenes?
  • ¿Por qué los centros de privación de libertad no cuentan con la logística y programas que superen el almacenamiento de personas?
  • ¿Dónde están las “Unidades Multidisciplinarias de Atención Integral” que conforme al artículo 266 de la ley deben existir en cada uno de los 11 Departamentos Judiciales en funcionamiento actualmente? (Barahona, el Distrito Nacional, Montecristi, Puerto Plata, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo y La Vega.)
  • ¿Dónde están los trabajadores sociales, psicólogos y demás especialistas que integran estas unidades?
  • ¿Cuántos ayuntamientos destinan el 5% de sus ingresos a causas relacionadas con la niñez, como dispone el artículo 449 de la ley 136-03?
  • ¿Hasta cuándo seguiremos  sordos, ignorando el justo reclamo del 4%?
  • Si un niño, niña o adolescente es víctima de violación ¿quién y cómo es la respuesta ofrecida?
  • ¿Qué acciones se piensa tomar para mejorar las condiciones deplorables en que se detienen a niños, niñas y adolescentes en nuestro país?
  • ¿Estamos realmente reinsertando socialmente jóvenes a la sociedad luego de que cumplen sus penas en esos centros de privación de libertad?
  • Tenemos personal capacitado y sensibilizado como los agentes de la Policía Nacional y demás instituciones a fin de cumplir con lo establecido en la ley?
  • ¿Qué ha hecho el Estado Dominicano con respecto a las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño, hemos avanzado en las áreas señaladas?

Antes de abandonar la ley 136-03, debemos al menos tratar de aplicarla.

Y podemos perfectamente hablar de abandono de la ley. A la fecha, existen dos iniciativas legislativas en el Congreso Nacional que persiguen esto: una en el Senado (iniciativa No. 00644-2011-SLO-SE) y otra en la Cámara de Diputados (iniciativa No. 01850-2010-2016-CD).

Ambas iniciativas simplemente pretenden endurecer las penas a niños, niñas y adolescentes. Pero no pretenden, por ejemplo, corregir la situación lastimera en que se encuentran los pocos centros de detención con que contamos ni castigar a los adultos que incitan a niños, niñas y adolescentes a cometer infracciones. Por demás, en el Senado se propone juzgar como adultos a jóvenes de 17 años, en violación del artículo 1 de la Convención de los derechos del niño, que impide considerar como adultos a personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad.

Otros pretenden desinformar a la opinión pública.

Mediante nota de prensa del 29 de septiembre de 2011, la Fundación Justicia y Transparencia recomendó elevar las penas a niños, niñas y adolescentes hasta por 20 años. La fundación alega que dichas modificaciones “se corresponden y observan en las directrices de los tratados y acuerdos internacionales en materia de menores”.

No conocemos de tratado alguno que permita o exija que a niños, niñas y adolescentes se les impongan penas iguales a las que se les imponen a adultos en iguales circunstancias. Tampoco conocemos ningún organismo internacional reputado que recomiende este tipo de penas.

En este sentido, nos preocupa que las instituciones pretendan confundir la población citando tratados que más bien rechazan estas funestas medidas.

Consideramos que sería oportuno  que antes de pensar  en elevar las penas de “un plumazo”, diseñemos juntos un plan con objetivos claros para mejorar su calidad de vida, promover su desarrollo a todos los niveles, con especial atención a los grupos vulnerables y excluidos, involucrando a los actores claves y las instituciones que por muchos años trabajamos con esta vulnerada población.