El pasado 2 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Luego de cinco años de discusiones, revisiones, debates y comisiones, la pieza legislativa continúa su periplo congresual para ser sancionada por el Senado.
La calamitosa situación de no contar con una normativa legal ajustada a la nueva realidad social, económica y territorial de la nación, nos consume como sociedad en la desesperación que nos conduce a perder la esperanza en alcanzar de una vez por todas la solución definitiva al caos que sostiene el modelo de tránsito y transporte durante los últimos cincuenta años.
Mientras llega la Ley las principales zonas metropolitanas del país se encuentran saturadas de un parque vehicular en aumento, incidiendo en el aumento de los entaponamientos, agravando los niveles de contaminación, multiplicando el consumo de combustibles y por ende deteriorando la economía familiar.
Mientras llega la Ley el Estado no ha podido diseñar e implementar un sistema de transporte colectivo que supla la demanda de desplazamientos a lo interno de las ciudades, ofertando alternativas de movilidad a los ciudadanos, con la finalidad de motivarlos a utilizar la oferta pública y colectiva de transporte, en lugar de la opción privada e individual.
Mientras llega la Ley nuestras energías se consumen a lo interno de cada vehículo, deteriorando la competitividad de nuestros hombres y mujeres, elevando la ansiedad de los transeúntes y consumiendo el tiempo útil en los interminables “tapones”. En definitiva, mientras llega la Ley la tendencia evidencia un avance indetenible del caos, ante la ausencia de un Estado regulador, el libertinaje de una serie de sectores, el conti̒nuo incremento del parque vehicular y la mirada impotente de una sociedad presente en la “queja” pero ausente en la “acción”.
Es por eso que mientras llega la Ley, debemos enfrentar el caos existente en las principales ciudades, poniendo en marcha una estrategia de integración sistémica en cinco ámbitos: administrativo, tarifario, modal, territorial y de políticas. La integración administrativa se materializa a través de una decisión que empodere un ente coordinador para articular el conjunto de entidades del sector transporte. La integración modal es el resultado de planificar lo que hoy tenemos de manera que cada modo de transporte sea complementario para beneficio del usuario. La integración tarifaria será efectiva cuando el sector en su conjunto defina una tarifa oficial de costo por kilómetro y la misma sea fiscalizada por el gobierno como ente rector de este sistema. La integración territorial vendrá como consecuencia del trabajo conjunto entre el rector de la política de transporte (Gobierno Central) y el rector del uso de suelo local (Ayuntamiento). Finalmente, la integración de políticas se observa cuando todo el Estado incluya en sus prioridades, estrategias para garantizar el desplazamiento de aquellos que son parte de estas políticas.
Una estrategia para la integración sistémica del tránsito y transporte de pasajeros garantiza resultados inmediatos que beneficiarán la población directamente, mientras llega la aprobación de la esperada Ley.