La muerte del arquitecto David Rodríguez García ha motivo una actuación de parte del Gobierno: Prometer desmontar la red de tráfico de influencias que existe en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Es positivo que se empiece a desmontar esa red de tráfico y de corrupción. Todo el mundo sabe que existe, y que no se limita a la OISOE, ni al Ministerio de Educación, ni al Ministerio de Obras Públicas. Existe en todas las oficinas del Estado que compran servicios a terceros, y también existen en los ayuntamientos, en las direcciones generales, en las superintendencias.
¿Quién -meramente informado- no ha escuchado historias sobre los cobros del 25 y del 30 por ciento en las instituciones públicas para realizar desembolsos de pagos por servicios? ¿Quién no ha escuchado las historias que cuentan que algunos pagos se realizan en especies, en propiedades inmobiliarias, que se simulan como “ventas” y que en realidad involucran grandes coimas? ¿Quién no sabe que el costo de las obras del Estado, tanto por movimiento de tierra como por la obra gris y el amueblado, cuesta infinitamente más que las obras a grupos privados?
La muerte del arquitecto deberá ser investigada. Los responsables del caso deben ser procesados y cesados en el negocio ilegal que instalaron. Las autoridades deben evitar que vengan otros a replicar el negocio, en ausencia de los señalados por el arquitecto fallecido. La acción del gobierno debe corregir este mal, y parar la corrupción en los pagos en todas las instancias públicas. Un contratista a quien el Estado debe una suma millonaria se ve obligado a agradecer a cualquier funcionario que le haga el favor de gestionar su pago con el módico 30 por ciento del monto recibido. Esa es la práctica y es lo que debe detenerse.
Y por supuesto, que el Estado comience a pagar el precio real de las obras que levanta, no los montos alterados e inflados que todo el mundo sabe que se pagan en las oficinas públicas, en especial en la OISOE. Si eso se logra deberemos levantar un monumento de homenaje y recordación al arquitecto sacrificado y a los ingenieros que en el pasado han cometido suicidio. Su sacrificio está permitiendo que la sociedad abra los ojos y reclame transparencia, y que los funcionarios se conduelan y acepten que eso debe detenerse.
Pedimos que se investiguen otros detalles de esta corrupción. Las obras que se contratan, se pagan y no se realizan, o se realizan a medias. Por ejemplo, la OISOE pagó la suma de 532 millones de pesos por la instalación de 50 equipos de rayos X en igual número de hospitales, en la pasada gestión de la OISOE.
El Ministerio Público debe realiza una auditoría de la instalación de estos equipos de rayos X, y contar con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. Como en el contrato que se firmó no se dijo cuáles serían los centros hospitalarios que recibirían los equipos de rayos X, Salud Pública deberá indicar cuáles fueron los hospitales que recibieron esos equipos y en cuáles condiciones se encuentran ahora, y si han podido prestar los servicios para los que fueron instalados.
No entendemos por qué razón el Ministerio Público no ha emprendido esta investigación.