Las personas que ejercen funciones públicas deben tener conciencia, especialmente los políticos, que en estos tiempos hay que rendir cuentas por sus decisiones. Y que una cosa es el criterio individual y la justificación que pudiera tener sobre sus actos, y otra muy distinta es la manera como se les juzga desde otras instancias, sean estas electores, jueces, legisladores o fiscales.
Luis Ignacio Lula Da Silva sigue siendo un líder político importante en Brasil. Incluso está puntero en las encuestas y si consigue mantener su candidatura presidencial es probable que gane las elecciones previstas para octubre del 2018.
Lula, sin embargo, fue imputado por el caso Lava Jato, fue juzgado y condenado a 9 años de prisión. Apeló la sentencia y un tribunal superior está estudiando el caso. Sin embargo, el electorado lo exime de responsabilidad, pero la justicia tiene sus códigos y posiblemente quede inhabilitado para buscar la candidatura presidencial.
Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, está siendo procesado y podría quedar vacante el puesto de presidente hasta el 2021, por incapacidad moral para gobernar, porque se le descubrió, cuando era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, que una empresa consultora suya recibió la suma de 785 mil dólares de la empresa Odebrecht. PPK lo negó siempre, y lo sigue negando, pero los documentos no mienten y está siendo procesado por las cámaras legislativas. El proceso comenzó a las 9 de la mañana de ayer y todavía en horas de la noche no había resultado. Kuczynski está pagando las consecuencias de sus actuaciones, pese a que no se ha demostrado que esos pagos fueran utilizados para favorecer las obras contratadas por Odebrecht en el Perú. Es un proceso muy serio, que afecta política y moralmente al presidente y a su gobierno.
Angel Rondón Rijo, empresario muy vinculado a negocios con el gobierno y con las cámaras legislativas, fue incluido en una lista de 13 personas en todo el mundo, a los cuales Estados Unidos decidió aplicarles la ley Global Magnitsky, por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Además de despojar de las visas de Estados Unidos, se congelan los bienes y activos en los Estados Unidos y se sanciona a cualquier ciudadano o empresa de los Estados Unidos que tengan negocios con estas personas. Es una pesarosa entrada a las grandes ligas de la corrupción internacional, y son muchas las consecuencias que se desprenden de este tipo de sanciones.
No es un simple despojo de visas. Es la aplicación de una ley de persecución moral y de negocios a ciudadanos seriamente comprometidos con actos graves que afectan a la humanidad. Además de la ley, el presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para ampliar esta ley en su aplicación, y lo hicieron conjuntamente la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro, y se sumó a ellos el Departamento de Estado. Es la sanción más fuerte que pueda recibir una persona, después de la pena de muerte o la prisión, por parte de los Estados Unidos.
Todos estos casos tienen una historia, un seguimiento, y por supuesto antecedentes en los cuales los sancionados pudieron decidir detener sus actuaciones.
Lula en Brasil, PPK en Perú o Angel Rondón en la República Dominicana están siendo procesados judicialmente por los organismos correspondientes. Se esperan decisiones prontas en los casos de Lula y Kuczynski, pero en el caso Rondón todavía hay que esperar las acusaciones finales que le de a conocer en enero o en febrero del 2018 el Ministerio Público de la República Dominicana.
Una cosa es segura: La inclusión en esta lista representa una presión, y hasta un desafío para la justicia dominicana, que no puede quedarse atrás en las sanciones a los actos de corrupción. Rondón ha dicho que se le está prejuzgando, pues las sanciones de Estados Unidos se aplican sin ejercer su derecho a defenderse. Cuando se tiene un alto perfil público las personas deben medir muy cuidadosamente sus actos. Esa es la lección.