La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención de Belem do Pará, ratificada por nuestro Congreso Nacional en el 1996, señala que “la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos…”. Sin embargo, aunque es una disposición vinculante, en la República Dominicana es casi letra muerta.
Algunos de los derechos que la norma constitucional, convencional y legal reconocen a las mujeres son poco comprendidos, mal aplicados y peor respetados. Un elemento clave que enlaza todos los derechos humanos es el concepto de dignidad, once veces mencionado en la Constitución Dominicana, hasta el punto de señalar que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas: ¿y entonces?
En casi todos los países del mundo, cuando se han establecido excepciones a la penalización total de la interrupción del embarazo, se ha hecho precisamente para darle contenido a los derechos de las mujeres, respetando su dignidad, su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física y mental.
El hecho de que nuestro Código Penal en su artículo 317, niega cualquier posibilidad de interrupción del embarazo le costó la vida a Esperancita, una jovencita de 16 años, que dejaron morir hace 8 años por falta del tratamiento médico que necesitaba, por el hecho de estar embarazada. Al final, perdimos a Esperancita y al feto
El hombre no puede salir embarazado, pero debería hacer el ejercicio mental de colocarse en el lugar de una madre de cuatro hijos, que en el quinto embarazo es médicamente comprobado que llevarlo a término puede poner en peligro su vida. Obligarla a continuar implicaría dejar a sus otros cuatro hijos en la orfandad, y si ella es como la mayoría de las madres, que son madre y padre a la vez, es una verdadera tragedia.
La despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: 1) cuando peligra la salud de la madre, 2) en casos de violación o incesto, y 3) cuando hay malformaciones congénitas incompatibles con la vida, no significa obligar a nadie a interrumpir el embarazo, sino darle a mujer, la libertad para decidir si sigue adelante o no.
Los hombres deberían volver a colocarse en el lugar de la mujer y pensar si sería digno que le obligaran a llevar a término un embarazo fruto de una violación, incluso de su propio padre. O pensar en la situación en que el médico informe que el embrión tiene una malformación que lo hace incompatible con la vida, que morirá a las pocas horas o a los pocos días de nacer, como es el caso del feto anencefálico, es decir sin cerebro. Llevar por nueve meses ese embarazo a sabiendas del resultado es olvidarse de la dignidad humana.
Sólo cinco países en el mundo tienen la penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, y en República Dominicana nuestros legisladores deberán decidir si el resto del mundo está equivocado. Ningún legislador podrá alegar ignorancia de causa si aprueban el Código Penal de espaldas al mundo, bajo el engaño de que las tres causales serían aprobadas en una ley especial que nunca llegará.
Cuando pedimos al Congreso Nacional la aprobación de las tres causales para el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo, no estamos haciendo nada más que pedir que se cumpla con un derecho humano.
Cierto, en casos en el que la vida de la mujer está en peligro, el médico tratante debe hacer el esfuerzo de salvar tanto la vida de la madre como del feto. Pero, no debe quedar duda alguna, de que, en caso extremo, la mujer debe tener el derecho a decidir. No se trata de obligar a nadie a interrumpir un embarazo, sino de tener la posibilidad en esas circunstancias extremas.
El hecho de que nuestro Código Penal en su artículo 317, niega cualquier posibilidad de interrupción del embarazo le costó la vida a Esperancita, una jovencita de 16 años, que dejaron morir hace 8 años por falta del tratamiento médico que necesitaba, por el hecho de estar embarazada. Al final, perdimos a Esperancita y al feto.
Nuestro Congreso Nacional tiene la oportunidad de enderezar esa gran injusticia despenalizando la interrupción del embarazo en las tres causales.