La denuncia de empleados de la Dirección General de Migración, inspectores y supervisores de los horarios nocturnos para atender vuelos charters, en el sentido de que el anterior director José Ricardo Taveras, dejó de entregarles por lo menos 80 millones de pesos desde noviembre del 2014 hasta abril del 2015, debe ser investigada por las autoridades del Ministerio Público o del Ministerio de Hacienda.
Los empleados que se acercaron a este medio para hacer la denuncia revelaron que no se atrevieron antes para evitar ser cancelados, porque al parecer la práctica allí era cuasi dictatorial, sin disensión y acogiendo exclusivamente la autoridad del señor José Ricardo Taveras.
No es poca cosa que se hayan esfumado 80 millones de pesos, en primer lugar, y que ese dinero corresponda a por lo menos 300 empleados, es algo que también deberá revisarse.
Los empleados denunciantes dicen que los anteriores directores de migración respetaron siempre esa práctica, porque con ese dinero los inspectores y supervisores compraban comida en horas de la noche, y también se ayudaban en sus economías familiares y realizaban el sacrificio de atender pasajeros que llegaban en horas de la madrugada.
Y todo esto entorpecía el programa de regularización de extranjeros y las políticas públicas del presidente Danilo Medina
El procedimiento tendrá que ser investigado, pero igualmente corresponde que se realice rápidamente una auditoría a la gestión del señor José Ricardo Taveras. La explicación que daban a los empleados para no entregar los fondos era que se utilizaban en actividades administrativas.
Parece que la práctica en la gestión de José Ricardo Taveras era común, y que sus gastos administrativos eran excesivamente elevados.
En enero de este año este diario dio a conocer un informe de juristas contratados por el gobierno, en los que se describía la ilegal práctica de José Ricardo Taveras y la Dirección General de Migración de incrementar los precios de los servicios sin autorización del Congreso Nacional ni del Poder Ejecutivo, que son los que pueden elevar esos precios como impuestos o por disposiciones mediante decretos del presidente de la República.
Por ejemplo, en 2014 José Ricardo Taveras aumentó un 40% los precios de los servicios de migración, porque le dio la gana y sin ningún respaldo legal. Y un dato adicional, en 2013 la Dirección General de Migración recibió la suma de 482 millones de pesos extra-presupuestarios, cobrados a los extranjeros, y ese dinero no fue enviado a la Cuenta Única del Estado, como correspondía, sino que se utilizó administrativamente en la DGM.
En una carta al presidente de la República, Danilo Medina, José Ricardo Taveras negó que violara la ley y que usurpara funciones de la presidencia, ya que según él no cobraba impuestos ni los aumentaba, sino “tasas” a los migrantes para cubrir la nómina de la entidad. Y las tasas más comunes eran por prórroga de la estadía de los extranjeros en el territorio nacional. Con esos fondos, dijo, cubrió el 50% de la nómina y completaba el pago de otras obligaciones.
Esa práctica es una ilegalidad. Y así lo describió un informe jurídico sobre estos procedimientos en manos del gobierno. Y todo esto entorpecía el programa de regularización de extranjeros y las políticas públicas del presidente Danilo Medina, quien ordenó la gratuidad del proceso de regularización mediante decreto.
Pero como la impunidad para ciertos funcionarios estaba garantizada, estas cosas se continuaron haciendo hasta la salida del doctor José Ricardo Taveras. Los técnicos, inspectores y supervisores de migración han hablado ahora, porque han visto afectados sus bolsillos, y habrá que esperar que hagan nuevas revelaciones sobre prácticas que no son oficiales ni tienen sustento legal. Tal vez la auditora ayude a esclarecer lo que hacían allí estos santos varones del nuevo “nacionalismo” dominicano, en especial del secretario general de la llamada Fuerza Nacional Progresista (FNP). No olvidemos que su control incluía también la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.