El gobierno del presidente Luis Abinader sigue aplicando reformas estructurales al aparato burocrático del Estado.
En las últimas horas el presidente dispuso la disolución de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, y sus roles pasaron a ser desempeñados por el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha estado aplicando políticas de territorialización y descentralizando las actividades de planificación, empedrando los gobiernos locales, lo que representa un cambio sustancial en el compromiso del Estado con los municipios y provincias.
Los viceministros y funcionarios Olaya Dotel, Domingo Matías, Erick Dorrejo y el propio ministro Miguel Ceara Hatton han puesto en marcha un auspicioso programa de trabajo en los ayuntamientos y en las provincias, que representa una ruptura con la concentración tradicional del trabajo político, económico y de planificación de la inversión pública.
El Consejo Económico y Social, ahora bajo la coordinación de Rafael Toribio, también ha comenzado a expandir sus responsabilidades a los gobiernos locales, y asuntos como organización del tránsito y estacionamiento están siendo discutidos y buscando alternativas desde perspectivas completamente novedosas, que ojalá encuentren buena recepción en los responsables principales de buscar solución a esos temas.
Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP), antes llamado Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, era una entidad con fuerte influencia en el aparato militar del país y en el mismo Ministerio de Defensa. El presidente emitía decretos ascendiendo y poniendo en retiro a militares, generalmente por petición del Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares.
Eso terminó. Ahora será el Ministro de Defensa el único con posibilidad de tomar decisiones sobre ascensos y puestas en retiro, y quien podrá hacer recomendaciones al presidente de la República, sin que tenga al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial pisándole los talones al ministro de Defensa.
Y como parte de las transformaciones estructurales, y de la aplicación de medidas para atraer mayor transparencia, el gobierno anunció que a partir del lunes se comenzará a publicar en Internet los pagos realizados por cada institución pública a los suplidores y contratistas, con lo cual se entregará información y se estará empoderando a la ciudadanía sobre cómo se utilizan los recursos públicos.
De esta forma el gobierno busca evitar que contratistas y suplidores tengan que pagar coimas y comisiones para obtener en pago de sus servicios en las instancias públicas. Esta práctica de la publicación se utilizó en el pasado, pero la publicación ahora, de la lista de contratos y servicios, uno por uno, aportará nuevos elementos de transparencia.
Son varias las instituciones públicas comprometidas con esta publicación: La Tesorería Nacional, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y la Contraloría General de la República.
A todos estos procesos se suman los previamente anunciados por el presidente Luis Abinader, que incluyen el paso de los bienes del Consejo Estatal del Azúcar a Bienes Nacionales, la eliminación del Despacho de la Primera Dama, el proceso de liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, así como del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas.
A todos estos procesos hay que darles seguimiento. Instancias como Participación Ciudadana, que procuran la transparencia, tienen la oportunidad de ir registrando cada uno de estos hitos de la reforma del Estado y de la búsqueda de transparencia. No hacerlo sería quitar relevancia a la reforma y al afán de transparencia de las autoridades del actual gobierno.