El avance de los pueblos en el camino hacia un sistema de derechos, con garantía efectiva de las libertades civiles, requiere de muchos años de esfuerzo de la colectividad y de liderazgos que desarrollen la capacidad de responder a las necesidades de la sociedad.
No es una tarea sencilla ni libre de tropiezos. Nadie ha dicho que garantizar la democracia sea fácil, y sobre todo en contextos socioculturales cómo el nuestro, donde las huellas de la corrupción, las dictaduras y el tráfico de influencias constituyen vicios centenarios.
Lamentablemente, estos lastres en el quehacer político dominicano, lejos de eliminarse o reducirse a grado de insignificancia, lucen intactos y hasta parece que se agrandan.
No sería sorpresa entonces, que quienes deben ser los defensores y las defensoras de la democracia, sean los primeros y las primeras en ignorar su significado.
Esta semana, desde que se hizo la recomendación de parte de los voceros del PRM y el PLD en el Senado (Faride Raful e Yvan Lorenzo respectivamente) de evitar aprobar de forma apresurada el Código Penal, por el extenso y solemne proceso que conlleva analizar y estudiar uno de los proyectos de ley más importantes en la historia de la legislación dominicana, poderes fácticos conservadores han dirigido una ofensiva de cabildeo y presión para que los senadores aprueben la pieza tal cual fue enviada desde la Cámara de Diputados.
Sobre el Senado se ha montado un campaña de presión para que se apruebe el Código Penal lo antes posible
Cabe destacar que la Cámara de Diputados realizó su labor cumpliendo con la formalidad de estudiar el Código Penal durante un tiempo suficiente, escuchó sectores, hizo consultas, aunque el contenido aprobado ha sido motivo de alarma porque, entre otras cosas, daría fuerza legal a la exclusión y discriminación de personas por su orientación sexual, además de no incluir ni una sola de las tres causales que permitirían a la mujer decidir sobre su cuerpo.
Ahora, sobre el Senado, de la noche a la mañana se ha montado un campaña de presión para que se apruebe el Código Penal lo antes posible sin más explicación que la necesidad de poseer un Código “reformado”.
En la sesión de este martes triunfó la razón, no se "cocinó" a la carrera el conocimiento del Código Penal, gracias a la oposición sensata de varios senadores, entre los cuales se destacaron los dos citados y Antonio Taveras Guzmán.
El Código Penal que este Congreso apruebe, mostrará el camino que habremos decidido tomar con país. Mostrará la diferencia abismal que existe entre una nación democrática y de derechos, y una negadora de derechos y excluyente.
De aprobarse el Código tal y cómo fue enviado al Senado, quedará en evidencia que muchos legisladores desconocen su función de servidores públicos o lo que es peor, aunque la conozcan de memoria se muestran incapaces de hacer la labor que les corresponde.
Existen, sin embargo, quienes comparten este deseo impulsivo de aprobar el Código cuanto antes, quizá sin medir las consecuencias a largo plazo para nuestra sociedad. Pero existen de igual manera quienes demandan que el debido proceso legislativo se lleve a cabo para garantizar una verdadera democracia.
Las razones por las cuales se intenta aprobar de una forma tan apresurada el polémico Código Penal no son muy evidentes para nosotros los ciudadanos, sin embargo nos hace cuestionarnos a qué les temen nuestros senadores.
Mientras tanto, las miradas del pueblo dominicano, que eligió a los senadores, están atentas.