El primer Consejo de Gobierno de la segunda administración del presidente Danilo Medina anunció algunas decisiones, que se pondrán en marcha en los próximos días.
Algunas son importantes, otras pudieron ser puestas en marcha sin que se anunciara la disposición o la emisión de un decreto presidencial.
Aplaudir el esfuerzo del gobierno es válido, porque en su primer mes quiere decir a la sociedad que tiene interés en que algunas de las promesas presentadas en la campaña electoral podrían ser hechas realidad.
Por ejemplo, se emitirá un decreto para establecer nuevos principios y reglas respecto a las compras y contrataciones del Estado. Pudieran ahorrarse esta medida, y permitir que la Ley de Compras y Contrataciones funcione como está concebida. Y en los casos en que ha sido incumplida el Ministerio Público funcione, como en el sonado y comprobado caso de soborno para la compra de los aviones Tucano adquiridos en Brasil a la empresa Embraer.
Otro es el decreto que modifica la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP). Pudieran ahorrarlo. Es una entidad creada por este gobierno para manejar programas “especiales” que perfectamente caben en los ministerios de Educación, de Salud, Plan Social de la Presidencia, el Despacho de la Primera Dama o en la dirección de Políticas Sociales del Gobierno, que depende de la vicepresidencia de la República. DIGEPEP es más burocracia, más dispersión y debilidad institucional, más desorden en el aparato del Estado y más recursos en personal supernumerario.
Se pudiera evitar el decreto que crea la Mesa de Coordinación del Recurso Agua como instancia de coordinación intersectorial. Dependiendo de la presidencia de la República hay instancias que pudieran hacer este papel, incluyendo al Instituto Nacional de Agua Potable o el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que a su vez sirven y coordinan con las diferentes instancias de administración de agua potable de municipios y del Distrito Nacional. Esto es más burocracia costosa y forma de invertir tiempo en rejuegos de poder. El presidente de la República tiene un asesor en recursos hidráulicos que podrían coordinar esta iniciativa. Si le dan apoyo y poder para tomar decisiones.
También pudieran ahorrarse el decreto que regula la gestión de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. Eso puede hacerlo una dirección del CEA con calidad, capacidad, honestidad y voluntad de proteger el patrimonio del Estado. El gobierno sabe que los funcionarios designados en esa instancias se han dedicado a depredar el patrimonio público, utilizando como apoyo a legisladores. Una verdadera tragedia, y el gobierno lo que de debe hacer es recuperar los terrenos que se han robado y someter a la justicia a quienes han hecho ese robo asignando precios miserables de los terrenos públicos.
También se puede evitar el decreto que regula el funcionamiento del Portal Transaccional de las Compras y Contrataciones del Estado. No es necesario un decreto reafirmando lo que dice claramente la ley de compras y contrataciones. Un mandato del presidente a Yokasta Guzmán es suficiente para que este organismo aplique las disposiciones que aquí pomposamente se anuncian.
El país tiene más de 15 años formando oficiales y civiles en temas relacionados con la defensa nacional y la seguridad. Pocas medidas han tenido que tomar las autoridades, porque no hay un escenario complicado para el país en ese ámbito. El gobierno ha anunciado un decreto que reglamenta la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Bien, pero hace falta especialmente evitar la corrupción en la frontera, fortalecer los organismos de inteligencia, y que no se pague salarios o viáticos adicionales a los miembros de este Consejo.
Bienvenido el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial que impulsará el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como la ejecución de un plan nacional de seguridad vial. El presidente debe concentrar en una sola entidad todos los organismos vinculados con la vialidad (MOPC, OPRET, AMET, AMSA, OTTT y muchas otras entelequias que regulan el transporte). Esta comisión sería un nuevo organismo para la misma cuestión, en caso de no concentrar en sus manos todas las funciones para esta política estatal.
Bienvenido el decreto que crea una Comisión de Alto Nivel para Evaluar el Impacto del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA en los Productos Sensibles del Sector Agropecuario Dominicano. Hace falta mejorar nuestra política de exportaciones en este ramo. Ojalá que los 45 días otorgados a esta comisión no haya que extenderlo a 90 días.
Satisface que el gobierno haya solicitado a la población que se acerque a las autoridades y denuncie las irregularidades e incumplimientos de planes y programas. Es muy sana esa disposición y la aplaudimos.
De acuerdo con la disposición, el presidente Danilo Medina exigió los máximos estándares de honestidad y respeto a la ley en el servicio a la ciudadanía. Y eso es muy bueno que se conozca.
Gustavo Montalvo declaró lo siguiente: “Invitamos a toda la sociedad a estar vigilante de las actuaciones de los servidores públicos, y exhortamos a la sociedad a denunciar cualquier acción incorrecta". Afirmó que las indelicadezas o las faltas que lleguen a la Presidencia van a ser atendidas.
“Remitiremos toda denuncia a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental”, indicó. “O a la Procuraduría General de la República, según corresponda”. Que así sea.
Estamos en la disposición de ayudar en esta solicitud del gobierno.