El poder judicial dominicano tiene un serio problema de credibilidad. Hace apenas unos días los jueces de diferentes departamentos judiciales protestaron y presentaron una proclama de rechazo a las sanciones o suspensiones de magistrados, sin disfrute de sueldo, dispuestas por el Consejo del Poder Judicial cuando hay casos que requieren una investigación.
Casos como el del señor Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) son apenas un reflejo de lo mal que anda el sistema judicial. O el caso de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, que le fue alterada su declaración jurada de bienes en la propia página de Internet del Poder Judicial, y aún no se ha emitido una explicación creíble sobre lo ocurrido con ella, y supuestamente con otros magistrados que tuvieron alteración en sus bienes, por un fallo técnico que nadie ha sabido explicar.
Pocos casos investigados por las inspectorías del Poder Judicial y del Ministerio Público llegan a persecución criminal. Una gran parte de los casos, bien documentados, mueren en la Inspectoría del Ministerio Público
Insistimos en que el Poder Judicial está seriamente limitado en su capacidad sancionadora. No da el ejemplo como cabeza, en primer lugar, y protege y ha protegido a algunos tutumpotes de la judicatura cuando adoptaron decisiones que debieron ser sancionadas ética, moral y judicialmente, como en los casos de corrupción de jueces, incluyendo al consejero Francisco Arias Valera, a la jueza Awilda Reyes Beltré y al ex Procurador General de la República, Radhamés Jiménez. La propia Suprema Corte de Justicia es el centro desde donde salen a relucir las decisiones más cuestionables que garantizan impunidad a los corruptos.
Pero hay casos que nunca salen en los medios de comunicación, que son altamente cuestionables, en los que se combinan los jueces y el Ministerio Público. Cuando un juez es suspendido, por ejemplo, por casos relacionados con drogas, no se sabe qué hace el Ministerio Público para investigar sus actuaciones y concluir con un caso penal por prevaricación.
Pese a que el Poder Judicial cuenta con una inspectoría que investiga y presenta casos, es poco lo que ventila sobre el trabajo que realizaría esa inspectoría. Por datos que se tienen a mano la Inspectoría del Poder Judicial realiza un excelente trabajo. Lo lamentable es que la Inspectoría del Ministerio Público no cumple su rol y no da continuidad, como corresponde, y apenas se sanciona a los jueces sin conexiones y se deja en la impunidad a los corruptos que tienen vínculos políticos y cuentan con respaldo de la cúpula.
Pocos casos investigados por las inspectorías del Poder Judicial y del Ministerio Público llegan a persecución criminal. Una gran parte de los casos, bien documentados, mueren en la Inspectoría del Ministerio Público, en donde reina el controversial Bolívar Sánchez. Ojalá que se dieran a conocer las estadísticas de los casos investigados por la Inspectoría del Ministerio Público, y las decisiones que en base a esas investigaciones ha tomado el Consejo del Ministerio Público o el Procurador General de la República.
La Inspectoría del Poder Judicial en el 2014 realizó 183 inspecciones, y en el 2015 bajó a 137, para alcanzar 286 inspecciones e informes en el 2016. En lo que va del año 2017, hasta el mes de octubre, la Inspectoría del Poder Judicial realizó 344 actividades, entre ellas inspecciones ordinarias, extraordinarias, de conocimiento y de seguimiento.
Todas estas investigaciones y los informes que se producen, cuando hay gravedad, se pasan directamente al Ministerio Público, quien debe actuar como ente acusador, en su función de ministerio de justicia del gobierno. Las inspectorías son fundamentales para poder hacer frente a los casos de jueces corruptos, que envuelven sus decisiones en legalismos enmascarados para beneficiar a quienes les pagan grandes sumas de dinero. Si los inspectores funcionaran adecuadamente no habría una situación tan lamentable en la justicia y en el Ministerio Público.