El artículo 7 del decreto 486-12, mediante el cual se creó la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, ordena que entre el 15 y el 30 de agosto de cada año los funcionarios públicos, responsables de presentar declaraciones juradas de bienes, presenten un informe financiero de sus activos, cuentas y bienes particulares, y que esos documentos sean públicos.
Ya estamos finalizando septiembre y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental no ha dado a conocer los resultados de esos informes financieros, incluyendo el propio y particular del director de esa entidad, doctor Marino Vinicio Castillo.
El decreto del presidente Danilo Medina es bien claro sobre el alcance del registro de los bienes, cuentas bancarias, propiedades que deben ofrecer los funcionarios.
Entendemos que el director de Ética e Integridad Gubernamental remitió un oficio a los funcionarios, ministros, directores generales para que entreguen la documentación requerida por el decreto 486-12. Tan pronto como sea posible, para cumplir con la ordenanza del presidente Medina, hay que dar a conocer esas informaciones financieras.
Un comentario: