La masificación del consumo de drogas es un serio problema de la sociedad dominicana. En los sectores populares, y en particular en los barrios, las drogas son parte de la cotidianidad. Lo mismo ocurre con los sectores de clase media y los de clase alta. Las drogas se han popularizado de tal modo que quien desee consumirla no tiene que moverse de su propia residencia: Existe ya el delivery que la entrega a domicilio.
La popularidad de las drogas en los barrios ha sido de tal modo impactante que los jefes del barrio en la actualidad son los dueños de los puntos de drogas. El microtráfico está ampliamente extendido e influye en las decisiones cotidianas de las personas en particular y de muchas familias. Las drogas ya no tiene la imagen de algo malo o mortífero, negativo, relacionado con la violencia. Hasta las abuelas las esconden, las utilizan o las venden.
En los pueblos, municipios cabeceras de provincias, y hasta en las más pequeñas comunidades hay puntos de drogas. Es innegable que el Estado dominicano fracasó en el combate al narcotráfico y al consumo de drogas en el país. Afecta principalmente a los jóvenes y adolescentes. Los consumidores son todavía delincuentes, porque mantenemos vigente una ley de 1988, que considera que quien la consume es igual que quien la vende.
Hay muchas propuestas para que el país comience a mejorar su política en este asunto. Hemos hecho un gran favor a Estados Unidos y Europa, tratando de evitar que la droga pase por la República Dominicana. En ese empeño dejamos de ser puente para ser un país objetivo y receptor de grandes cantidades de drogas. Se recibe y se consume aquí, y se mueve mucho dinero alrededor de las drogas.
Tenemos barcos que persiguen la droga en el mar, tenemos aviones Tucano para perseguir las drogas por aire, y tenemos agentes especiales en la Dirección Nacional de Control de Drogas y en la Policía Nacional. Son organismos que están muy desacreditados y muy corrompidos. La corrupción ha sobrepasado los límites, y llega ya al Ministerio Público y al poder judicial. Es mucho el dinero que corre, muchos los intereses que se enfrentan y descarnado el combate que hay entre los que buscan dinero. Lo vimos recientemente en Villa Vásquez, con la colocación de drogas en una barbería, por parte de una fiscal y agentes de la DNCD.
El Estado está incapacitado para combatir las drogas. Cada punto de drogas, por más pequeño que sea, debe pagar una cuota de dinero a los agentes policiales. Ese es un dato que se recoge en cualquier pueblo. En Baní hubo una tragedia por incumplimiento de pago de ese peaje. Hasta la saciedad lo hemos visto.
Necesitamos autoridades que cambien los métodos. La persecución que se ha establecido no es solución. Es parte del mismo problema. Hay que desmontar la corrupción de la DNCD y del Dican, y del Ministerio Público y de ciertos jueces. Eso se logra con la legalización y el control por parte de las autoridades, como ya han dicho repetidamente entidades como Casa Abierta.
Un problema que no se ve está relacionado con la calidad de las drogas que se venden. Droga de muy mala calidad hace mucho más daño y si las autoridades no controlan, pueden ocurrir muertes inmediatas de personas que consumen esos estupefacientes. La prohibición es una gran mentira. De fondo está el negocio y una estructura de corrupción que se sustenta en políticas públicas y presupuestos que engordan a los que se benefician de la ilegalidad con más ilegalidades.
Es tiempo de que las autoridades comiencen a analizar seriamente este problema. Que las drogas no sean un asunto policial sino de Salud Pública, y que a los consumidores no se les persiga, sino a los comerciantes que las venden sin ningún tipo de supervisión.
Solo para pensarlo, y actuar con rapidez. El consumo crece y no tenemos otras opciones.