Como se esperaba, y como habían sugerido algunos políticos y legisladores, las autoridades del gobierno llegaron a un acuerdo con los representantes del sector financiero, sobre el paquete fiscal sometido por el presidente de la República al Congreso Nacional.

El único tema de discusión fue el impuesto del uno por ciento a los activos financieros de las entidades de intermediación. No hay discusión sobre los demás temas del paquete del presidente.

La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) acudió al Banco Central con los presidentes de las entidades bancarias y algunos asesores. Y se pacto un entendimiento del que todavía no hay información oficialmente confirmada. ¿Se queda el mismo monto propuesto por el gobierno de un uno por ciento a los activos financieros, o en cambio hubo alguna reducción a 0.5%? Ese dato no ha sido confirmado.

El otro elemento es que el gobierno se comprometió que el impuesto a los activos financieros será solo por un período de dos años. Pero, y eso lo sabe todo el mundo, el actual gobierno terminará dentro de un año, de modo que con la decisión podría estar limitando las actuaciones de la próxima administración, cual sea la bandera partidaria que resulte ganadora de las elecciones.

Hubo más. Lo explicó el analista financiero Alejandro Fernández: se excluyeron de la tasa imponible a los activos financieros los depósitos de los bancos en el Banco Central, como parte del compromiso del encaje legal, también las inversiones con el mismo gobierno a través de la adquisición de bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda. Eso quiere decir que ahora sólo sería aplicado el impuesto al 65% de los activos financieros, que es donde se encuentra la cartera de crédito de la banca con los usuarios de los servicios.

De este modo los bancos han logrado reducir de 7 mil millones a 4 mil el estimado a pagar por la tasa del 1 por ciento a los activos financieros. Obviamente, los bancos tendrán que transferir ese costo a los usuarios de los servicios, en particular a los adquirientes de préstamos a través de una elevación de la tasa de interés.

Apolinar Veloz, economista y ex gerente del Banco Central, en un artículo que se publica este jueves en Acento, dice exactamente eso: que los usuarios cargarán con el costo del impuesto:

“Queda claro a partir de estos acuerdos que los usuarios de los servicios de crédito serán quienes paguen el costo del ajuste fiscal, ya que el crédito resultaría más caro. El acuerdo logra trasladar el impuesto sobre la cartera de los bancos (préstamos) y evita pagar impuestos por sus inversiones y el encaje legal; en otras palabras la carga fiscal se traslada enteramente a los usuarios del crédito y el ajuste fiscal distorsiona el mercado de dinero, cuestión que viola los principios básicos de una política fiscal racional”.

Ahora toca analizar otros aspectos del paquete: el gobierno necesita fondos con urgencia para financiar el presupuesto del 2011, que a su vez depende de la emisión de 500 millones de dólares de bonos soberanos y de otros créditos externos. El gobierno no ha reducido el gasto. Lo ha incrementado, pese a la promesa del presidente de que se reduciría en un 12 por ciento el gasto público.

El ministro de Obras Públicas, dirigente de Los Tigres del Licey, acaba de anunciar que se invertirán más de 400 millones de pesos en la reparación del Estadio Quisqueya. La inversión de la segunda línea del Metro sigue, lo mismo que se mantiene el subsidio eléctrico para pagar la energía a los miles que se niegan a cumplir con el compromiso de honrar un servicio que reciben, aunque sea precariamente.

La irracionalidad impositiva no puede seguir. Hay que cortar los costos improductivos, y el más improductivo de todos, además de las miles de botellas en el tren administrativo, es el pago de más de 700 millones de dólares cada año, por parte de los contribuyentes, para solventar el pago de un subsidio irracional, sin sentido, absurdo y completamente politiquero, como es el eléctrico.