El Primer Foro Interinstitucional para la Reforma de la Policía Nacional se realizó entre los días 7 y 9 de julio, en Santo Domingo, para escuchar propuestas y buscar consenso sobre los aspectos centrales de la reforma en la policía, como responsable de la seguridad ciudadana.

El foro fue un ejemplo de de discusión abierta y democrática, con la presencia de la plana mayor de la Policía Nacional, y altos oficiales de esta entidad, que pocas veces habían tenido la oportunidad de escuchar en un espacio propio tantas ideas y sugerencias sobre el potencial que tiene la entidad para hacer aportes al país.

Saludamos con sinceridad este esfuerzo y nos solidarizamos con las conclusiones que han sido anunciadas por las entidades auspiciantes, en especial por la Fundación Institucionalidad y Justicia, que fue la entidad responsable de presentar las conclusiones, redactadas por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio castaños Guzmán.

Estas son las conclusiones, las cuales acogemos y respaldamos. Se espera que el presidente de la República, Danilo Medina, las apoye y disponga las medidas y recursos para que se pueda poner en marcha, y que el Congreso Nacional asuma las sugerencias para la ley que tiene en sus manos de reforma policial.

Las siguientes son las líneas programáticas de la reforma policial a las que se llegó en el foro:

1. Dignificación de la función policial.  Se reconoce que el bajo salario de los integrantes de la Policía es un factor de riesgo para la reforma, por lo que es imperativo mejorarlo, aunque la fijación de los mismos debe hacerse en función de los requerimientos del puesto y funciones. Este eje comprende, además, el fortalecimiento de la seguridad social de los agentes y sus familias, políticas de vivienda y una pensión digna. También ha de contemplarse una dotación más completa de los medios de seguridad para el ejercicio de la función policial.

2. Fortalecimiento del sistema de la carrera policial. Si bien existe una carrera policial, es imprescindible fortalecerla de cara a los nuevos paradigmas de la gestión policial. El ingreso a la Policía debe ser por concurso público de méritos. Hay que crear un sistema meritocrático para los ascensos, que destierre el tráfico de influencias y el incumplimiento del escalafón de la carrera. Preciso es establecer un régimen de incompatibilidades que prevenga los conflictos de intereses.

3. Redefinición de la doctrina policial. Es preciso repensar los dogmas y principios de la función policial para adaptarlos a los requerimientos de una sociedad democrática. Los agentes del orden deben ser reentrenados en los nuevos paradigmas para superar una cultura represiva que ha pervivido a pesar de innumerables avances.

4. Profesionalizar y especializar los agentes policiales. La educación es un componente vital para lograr la transformación cultural que requiere la reforma policial. La Policía necesita seguir contando con recursos humanos eficientes para las distintas tareas propias de su función. La formación debe ir de la mano con los requerimientos del puesto para que impacte en el mejor desempeño de la función y para ser efectiva debe contarse con un plan integral educativo de toda la institución.

5. Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Los actos de las  instituciones en el marco de la democracia deben estar revestidos de  transparencia y apertura. La Policía necesita abrirse a los requerimientos de la sociedad, que demanda la erradicación de prácticas ilegales en el manejo de recursos a lo interno, como en el plano operativo con los ciudadanos. La falta de transparencia solo tiende a generar desconfianza e impide que la ciudadanía aprecie la labor policial.

6. Fortalecer los controles internos y externos. La Policía es una agencia expuesta a grandes riesgos y tentaciones y, por tanto, necesita rigurosos sistemas de control, tanto internos como externos. Los controles represivos o disciplinarios deben respetar el debido proceso de ley que manda la Constitución. Es imperativo, además, fortalecer y delimitar la Inspectoría y el área de Asuntos Internos. Las Comisiones de Investigación Independientes podrían ser un mecanismo efectivo para elevar la confianza ciudadana de cara a situaciones o casos complejos que ameritan de gran credibilidad. Se deben adoptar mecanismos de control como las declaraciones juradas, las investigaciones de patrimonio y las pruebas de confianza.

7. Desmilitarizar la gestión policial. La Policía, que nació imbuida de un espíritu castrense o militar, necesita hoy vislumbrarse como una agencia civil de servicio a la ciudadanía, despojándose, donde aún perduren, de los métodos represivos que le caracterizaron. La gestión policial deberá seguir las técnicas modernas que han tenido tanto impacto en todas las áreas de la economía y la sociedad y que han sido asumidas por el sector público a nivel mundial, con la finalidad de mejorar los procesos y servicios en beneficio de la comunidad.

8. Enfoque en Derechos humanos. Una de las principales exigencias que se realizan hoy a la Policía es avanzar gradualmente hacia un modelo de servicio que garantice la seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, de forma que se asegure la protección de las personas conforme las exigencias del Estado social y democrático de derecho. Esto impone repensar los protocolos del uso de la fuerza y las armas de fuego para evitar los excesos y los abusos en perjuicio de la población, al tiempo que se garantizan los medios necesarios para la seguridad de los agentes policiales.

9. Fortalecer la inteligencia e investigación criminal. La complejidad del fenómeno criminal en la actualidad impone a la Policía superar los esquemas de investigación por caso, y pasar una persecución estratégica, así como la coordinación de macroprocesos para perseguir redes criminales. La especialización en la función de investigación será vital, así como la sinergia de la Policía Nacional y el Ministerio Público, para robustecer la investigación y la acción penal pública, en el marco de las atribuciones y competencias constitucionales y legales de cada una de ellas.

10. Reforzar la prevención del delito. La prevención del delito debe concebirse como uno de los espacios privilegiados de la relación y cooperación entre la sociedad y la Policia. Esta tarea, si bien no es exclusiva de la Policía, forma parte del núcleo esencial de su función. Ello exige un mayor involucramiento con la comunidad conforme el paradigma de la “Policía de la proximidad”.

11. Apoyo interinstitucional. Una reforma policial integral requiere de un gran apoyo interinstitucional y la coordinación de múltiples políticas de gobierno a nivel central y local. El Servicio 911 es un ejemplo de lo provechoso que resulta la adecuada coordinación de esfuerzos para brindar servicios a la ciudadanía. De ahí que es necesario establecer canales de comunicación permanente que aseguren un intercambio de información entre la Policía y las otras instituciones del Sistema de Justicia, así como los órganos de la administración pública que interactuan a gran escala en las políticas de seguridad y bienestar ciudadano.

12. Plataforma tecnológica. Es importante dotar a la Policía de las herramientas tecnológicas prioritarias para el ejercicio adecuado de la función. No se puede prevenir ni perseguir el delito eficientemente si no se cuentan con equipos apropiados, menos aun cuando se trata del crimen organizado.

13. Redefinición de la adscripción orgánica. Se plantea la necesidad de reordenar la estructura para adscribirla al Ministerio competente conforme el modelo constitucional que reserva al Presidente de la República la autoridad y mando supremo de las fuerzas de seguridad, obrando ordinariamente por intermedio del ministro del ramo. Esto conlleva también una revisión del Consejo Superior Policial para asegurar un contrapeso entre los componentes que lo integran.

14. Eliminar la asignación de agentes policiales a servicios particulares. Se hace imperativo redirigir el servicio policial a sus fines naturales. Ello supone impedir legalmente la asignación de agentes policiales para asuntos privados, pues solo los dignatarios y autoridades que por la naturaleza de función requieran escolta policial deben contar con este beneficio de forma racionalizada y debidamente publicitada. Los particulares únicamente debería contar con escolta policial por mandato judicial para protegerlos en caso de que sean víctimas o testigos claves de un proceso judicial.