Santiago se moviliza este fin de semana, con la visita del presidente Leonel Fernández incluida, contra la violencia y la delincuencia que azota desde hace tiempo a la principal de las provincias de la región norte del país.

El tema tiene la mayor de las trascendencias. Lo hemos abordado en el pasado e insistimos: hace falta una mayor coordinación y un esfuerzo sostenido de las autoridades para hacer frente a las causas que generan la violencia y la delincuencia. Algunas de esas lacras las hemos identificado. Otras subsisten y tratan de quedar invisibles, pero hay que tocarlas, como la violencia de género, la violencia intrafamiliar y el feminicidio.

20 organizaciones de Santiago han elaborado un documento sobre el fenómeno de la violencia en esa provincia, y esperamos que tengan la oportunidad de presentarlo y de que las autoridades lo atiendan con toda la profundidad que se requiere, aparte de la sensibilidad. No se trata de hacer política ni de poner parches. Hay que atender el problema con soluciones de mayor calado que las aplicadas hasta el momento.

El documento de las 20 organizaciones de Santiago dice que el país mantiene cifras altas en los porcentajes del feminicidio: la tasa al inicio del milenio era de 2 por cien mil, similar a la de los países de la región centroamericana, duplicándose ya para el año 2006.

Para el año 2010, de acuerdo a Procuraduría General de la República, se cometieron 210 feminicidios, de los cuales 12 ocurrieron en la ciudad de Santiago, es decir el 5.07%. En el presente año, hasta el mes de junio incluido, 110 feminicidios de los cuales 4 sucedieron en Santiago alrededor del 4% de los sucedidos en el país. Hasta la fecha, en las intervenciones públicas de la Policía Nacional, se maneja la cifra de 140 a 160 mujeres muertas violentamente en el país.

Respecto a las violencias denunciadas, los datos de la Procuraduría General de la República hablan muy claro: para el año 2010 hubo 64,022 denuncias, de las cuales 5,488 fueron por delitos sexuales y 58,534 por violencia intrafamiliar.

En Santiago, la Unidad de Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar, desde el pasado enero hasta la fecha, ha atendido 30,522 usuarias con todos los servicios que se ofrecen que implican manejos de casos y terapias, para un equipo que cuenta con solo 7 Fiscales adjuntas, 1 psicólogo masculino, 2 psicólogas femeninas, 1 trabajadora social y el personal auxiliar de 11 personas, para Santiago y sus Municipios, un solo vehículo con un mensajero que hace las veces de chofer, al mismo tiempo, en dos turnos de trabajo.

Evidentemente es un drama inmanejable y la política de combate a la violencia debe reflejarse en el presupuesto del Ministerio Público.

De enero a julio de 2011, de acuerdo a los datos de la Unidad especializada de la Fiscalía de Santiago, se han manejado, a nivel de delitos sexuales un total de 472 casos, de los cuales:

•          88 son violaciones sexuales en perjuicio de menores, niños, niñas y adolescentes, en un 90% de ellos.

•          148 calificados de seducciones, menores niñas en su totalidad

•          40 incestos, 2 en perjuicio de niños y 38 en perjuicio de niñas.

•          180 agresiones sexuales en su total en perjuicio de menores de edad y por encima del 95%, de niñas.

•          10 tentativas de violación sexual en perjuicio de mujeres mayores de edad.

•          6 Abusos sexuales en perjuicio de niñas

Estas cifras son todas del sistema penal y se refieren a los casos que llegan a la justicia.

Hay un subregistro, porque muchos casos no llegan a la justicia ni al sistema penal. Es decir, que la situación es mucho más grave.

Acogemos con preocupación este documento, y lo socializaremos tanto como sea posible, pero hace falta que las autoridades adopten políticas públicas serias, consistentes, que se reflejen en los propuestos y en un manejo transparente.

Como dicen las 20 organizaciones de Santiago, todas las instituciones que trabajan el tema de violencia y su reducción o prevención necesitan producir cambios: las empresas, los clubes deportivos y culturales, las juntas de vecinas/os, los medios de comunicación, la familias, las iglesias, los centros de educación y de salud, públicos y privados, terapeutas, la Policía Nacional, los partidos, las ONG, los Ayuntamientos, los clubes de servicio, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

Y debe primar un criterio unitario, de esfuerzo conjunto. Por eso dicen que todas las instituciones y personas “debemos unirnos para intervenir en las relaciones y crear alternativas y oportunidades para que se interrumpa el ciclo de la violencia, y todos y todas tengan derecho a una vida sin violencia verbal, emocional, física, violencia sexual, amenazas, acoso, asedio, hostigamiento y violencia económica”.