Participación Ciudadana ha hecho una advertencia que los partidos políticos debían atender en toda su dimensión: que eviten, en la campaña electoral, el dinero proveniente del narcotráfico y otras fuentes no lícitas, que andaría buscando impunidad en el proceso electoral.

Tiene razón la organización no partidista. Y tienen razón los dirigentes sociales y políticos que piden a los partidos ser cautelosos en el manejo de las finanzas electorales.

La propia Junta Central Electoral debe esforzarse por cumplir el mandato de la ley, que le asigna la responsabilidad de supervisar las finanzas de los partidos, en especial porque es a través de esa entidad que el Estado le aporta una gran cantidad de dinero a los partidos políticos para las elecciones.

El país ha sido testigos de la forma en que los narcotraficantes buscan impunidad en los partidos y en los gobiernos. El caso de Quirino es emblemático, como lo es el de Figueroa Agosto, el de Arturo de Tiempo y ahora el de Oscar Ezequiel Rodríguez Cruz, quien ha confesado que aportó recursos directamente al presidente de la República, Leonel Fernández, y posteriormente creó un movimiento externo de apoyo a Hipólito Mejía.

El dinero sucio tiene la vocación del poder, de buscar impunidad y de agenciarse las relaciones para no ser investigado ni molestado cuando se presente alguna evidencia de su procedencia irregular.

Además de los líderes y candidatos presidenciales, el cuidado deben tenerlo los dirigentes que andan en el entorno de esos líderes. Los hay que no estando en el entorno tratan de ganar apoyo poniendo en evidencia dinero que puede ser utilizado para influir en el proceso electoral, y que puede ser entregado con facilidad.

La otra debilidad institucional está relacionada con el uso político que se quiere dar a la lucha contra el tráfico de drogas o contra el lavado de activos. Si aparece un caso en que se puede vincular a un traficante o personaje relacionado con un aspirante presidencial, se enfilan todos los recursos para destruir al político. Sin investigar con seriedad sus vínculos o la manera en que se ha beneficiado.

La impresión que va dejando este tipo de comportamiento es que la lucha contra las drogas y sus consecuencias no es seria, que todo depende del lado en que aparezcan los traficantes. Y la gente pierde la fe en las instituciones del país. Hay que trabajar contra el tráfico y contra el lavado sin tomar en cuenta las filiaciones o simpatías políticas de los narcotraficantes.

A decir verdad, el traficante de drogas no tiene ideología o preferencias políticas. Está donde encuentre ventajas, donde se entiende que hay tierra fértil para alcanzar sus propósitos. Y a costa de conseguir sus propósitos entrega dinero, deja siempre constancia para utilizarla si fuese necesario, y aprovecha cualquier oportunidad para hacer reclamos por sus “aportes”, como ya ha sido conocido en numerosos casos que se han cerrado sin ser conocidos a profundidad.

El país tiene que superar la oscuridad y alcanzar transparencia en el tema de las finanzas de los partidos. La palabra la tiene la JCE, que es la institución responsable de exigir a los partidos informaciones claras son la forma en que recaudan el dinero y la forma en lo invierten. No solo el dinero público, sino todo el dinero empleado en el proceso electoral.

Y las instituciones responsables de combatir el tráfico de drogas, el lavado de activos y ser unidades de protección de la sociedad, deben cumplir con su deber independientemente de quién detente el poder. Eso hacen los países donde se practica la democracia, ateniéndose a las consecuencias de lo que dicen las leyes.