El Tribunal Constitucional podría estar cocinando un adefesio jurídico de dimensiones catastróficas, y hasta conspirativas, en caso de confirmarse que es cierto lo que está gestándose a lo interno del guardián de la Constitución dominicana. Sería una trama endemoniada, endiablada, el propósito de fastidiar al gobierno.
Es apenas un rumor, y los indicios parecen muy preocupantes, porque tienen visos de verdad, y todo cuanto hemos avanzado en materia de respeto a los derechos humanos, derecho de las personas a una nacionalidad, podría nuevamente estarse desmoronando. Es casi imposible imaginarlo, pero los datos parecen ciertos, lamentablemente.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, dolido por el consenso que se generó luego de la sentencia 168-13 emitida por esa entidad, desea eliminar el resultado de ese consenso.
El presidente Danilo Medina habló con el liderazgo político, empresarial, religioso y de la sociedad civil. El Congreso Nacional discutió la propuesta del gobierno en dos ocasiones, y aprobó de forma unánime la que sería le ley 169-14. La idea era remediar parcialmente la injusticia generada por la sentencia 168-13: Se cuenta que ahora el Tribunal Constitucional viene con una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 169-14.
Ojalá que no sea cierto. Es un deseo, pero si resulta cierto, hay que contar que todo el país, y en particular el gobierno del presidente Medina, haga todo cuanto esté a su alcance para que quienes firmen ese adefesio paguen el daño que le estarían infligiendo a la sociedad con una decisión como esa.
La ley 169-14, que “establece un régimen especial para las personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización”, fue un remedio parcial a la abusiva sentencia que metió al país en uno de los más graves conflictos internacionales de que se tenga memoria. Fue una buena decisión, y se logró luego de que se hicieran todos los esfuerzos posibles para alcanzar una medida de justicia, que fuera aceptada por la comunidad internacional, que había colocado a los dominicanos como “los parias del Caribe”, como lo definió el escritor Mario Vargas Llosa.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acaba de sacar al país de su lista negra, precisamente por los esfuerzos realizados por el gobierno para restablecer la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella. Declaraciones de diversas fuentes indicaban entonces que 250 mil personas habían sido despojadas de la nacionalidad dominicana por la sentencia 168-13. Con la Ley 169-14 unas 8 mil personas han recuperado su derecho a registrarse como dominicanos.
No es de extrañar que jueces del Tribunal Constitucional han estado ofreciendo charlas en diversos pueblos hablando de la “invasión haitiana” y de la necesidad del país de erradicar tal maldición. Toda la campaña de odio contra los dominicanos de ascendencia haitiana, y contra los migrantes haitianos, encuentra ahora una explicación: El Tribunal Constitucional busca declarar inconstitucional una de las leyes de mayor consenso en la sociedad dominicana.
El daño que se haría al país sería terrible. Sería volver atrás, en materia de derechos humanos, y nos quedaríamos en la lista de los países que generan apatridia, de la cual aún no hemos podido salir definitivamente. La pregunta no parece más obvia ¿Qué es lo que quiere el Tribunal Constitucional con su empeño en fastidiar al gobierno del presidente Danilo Medina con este asunto de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana?
El gobierno dominicano debió concentrarse por lo menos un año y medio, haciendo grandiosos esfuerzos y dando todas las explicaciones, para evitar las condenas al país, y nuestra exclusión de la comunidad internacional. Una sentencia en la misma dirección que ya se ha señalado colocaría al gobierno en serios aprietos, y haría que las autoridades de nuevo se concentren en reparar los daños que le vendrían a la República Dominicana en su imagen y en su gestión.
La política no es ajena a esta decisión. Y en particular los asuntos que atañen al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Estaría Leonel Fernández detrás de una sentencia como la que se estaría preparando por el Tribunal Constitucional? ¿Serán los nacionalistas aliados del Tribunal Constitucional los que han logrado tal hazaña, y los que han vuelto a poner el país patas arribas con el tema de la exacerbación del ultracionalismo?
¿Habrán pensando los miembros del Tribunal Constitucional las consecuencias de una reiteración de su sentencia 168-13, por la vía de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 169-14? ¿Merece el gobierno que algo así sea traído por los cabellos para fastidiar temas como derechos humanos, turismo, credibilidad, imagen positiva del país en el exterior, inversión extranjera, entre muchos otros asuntos?
Ojalá sea un invento sin fundamento alguno que hay en proyecto una sentencia en manos de una gran parte de los jueces del Tribunal Constitucional. Esos jueces del Tribunal Constitucional fueron electos por un período que terminó en diciembre del 2017. Ojalá que el gobierno envíe mensajes claros sobre la tragedia que representaría para el país una reversión como esta de la ley 169-14.
Es una vergüenza que el país vuelva sobre los pasos trazados por el Tribunal Constitucional en su sentencia que despojó de la nacionalidad a 250 mil personas, nacidas en territorio dominicano entre 1929 y 2010. Obviamente, que son intentos para hacerle la vida imposible al gobierno, utilizando a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana como carne de cañón.
Imposible asumir que algo así esté tramándose. Hay que tener mucho ánimo para la maldad y gran inventiva para la crueldad. No tienen almas, como escribió una vez el poeta nacional, Pedro Mir.