Una de las luchas más hermosas que se recuerde en la República Dominicana fue la del 4% del PIB para la educación.
Los sueños del país se colocaron a la vista de todos los políticos sordos.
Las ansias de conocer más se hicieron palpables a los oídos de los legisladores.
La sociedad vibró en todos los sectores sensibles para que no hubiera más postergación en el cumplimiento de la ley, y se asignara el 4% del PIB a la educación pública, o en cambio el 16% del presupuesto de cada año. El que más abundante fuera.
Hombres y mujeres del pueblo se expresaron, empresarios, ricos, profesionales, emprendedores, comerciantes informales, obispos y pastores evangélicos dijeron que sí. Más del 90 por ciento de la sociedad dominicana, de acuerdo con una medición de Gallup, estaba de acuerdo con esa demanda.
Y se firmó el pacto por la dignidad y la educación. En la campaña electoral del 2012 todos los candidatos presidenciales lo firmaron y se comprometieron a ponerlo en marcha. Danilo fue quien ganó las elecciones y lo cumplió.
Desde entonces la educación ha tenido que ocupar un espacio más importante, y el gobierno ha hablado de revolución educativa, y ya se habla de mejorar la calidad docente y actualizar la formación docente, y de evaluar y promover por mejor desempeño a los maestros. Y la ley de educación se revisa para que los directores distritales sean designados por evaluación y méritos y no por el dedo del ministro de Educación.
El país ha vivido una experiencia enriquecedora, y aún la Coalición por una Educación Digna brinda seguimiento a la calidad del gasto educativo, y sugiere mejoría, y Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) realiza informes, investiga, forma y realiza sugerencias para mejorar la eficiencia de la inversión en educación. Es un proceso del que la sociedad dominicana debe sentirse orgullosa.
Sin embargo… los maestros y su sindicato estuvieron ausentes de ese proceso, o fueron tímidos en la promoción de esa reivindicación, y desde que se puso en marcha la afluencia de recursos voluminosos para la educación, la Asociación Dominicana de Profesores reclamó aumentos de salarios y numerosas reivindicaciones. Y hubo que darle satisfacción a esas demandas.
Una gran parte del 4% del PIB asignado a educación se ha invertido en aumentar el salario de los maestros, dignificar la carrera magisterial y crear mejores condiciones en el seguro médico, en la cooperativa y en las millonarias cuotas que cada mes recibe la Asociación Dominicana de Profesores.
Los maestros dominicanos resultan los mejores pagados en la región. El salario prometio de los maestros dominicanos ha crecido exponencialmente en los últimos años. El 4% ha tenido el salario magisterial como prioridad, aparte de las inversiones en infraestructura educativa.
Esos líderes magisteriales que estuvieron ausentes de la lucha de la sociedad dominicana por el 4% siguen año tras año poniendo el peligro los esfuerzos del país con irresponsables paralizaciones de la docencia.
Como ya no es posible seguir reclamando más aumentos salariales, ahora paralizan la docencia porque el ministerio de Educación aplica la ley con el establecimientos de los concursos para la dirección de los distritos escolares.
Hace tiempo que dejaron de ser dirigentes gremiales. Son políticos que administran fondos multimillonarios procedentes de las cuotas que pagan obligatoriamente los maestros a la ADP. Y son diputados, y pertenecen al Comité Central del partido de gobierno. Y actúan y piensan como políticos a los que no les importa la educación. Afectan en particular a los niños y niñas y adolescentes más pobres del país, que son los que asisten a las escuelas públicas.
Sus reivindicaciones son políticas, incluso muy alejadas de la transparencia a la que estarían obligados a aspirar si estuvieran interesados en mejorar el modelo atrasado, corrupto y arcaico en que todavía nos desenvolvemos.
Las huelgas de la ADP son un lastre costoso, pesado, abusivo y traicionero de las aspiraciones de la sociedad dominicana que les ayudó esencialmente a mejorar sus salarios. Tienen derecho a salarios dignos. Ya los tienen. No tienen derecho a atentar contra el año escolar, ni a chantajear a las autoridades para que sigan las designaciones de directores distritales por motivos políticos y no, como debe ocurrir, por méritos y capacidades.