La Junta Central Electoral está obligada por ley a actuar con transparencia. Aunque esté integrada por dirigentes de los partidos políticos, sus miembros deben comportarse con toda la ecuanimidad y equidistancia posible de los partidos en los que militan.

En una JCE integrada por cinco miembros, tres corresponden al Partido de la Liberación Dominicana, uno al Partido Reformista Social Cristiano y uno al Partido Revolucionario Dominicano.

La misma ley electoral es la que establece la distancia de los jueces electorales de los partidos políticos. Es esa misma JCE la que debe supervisar que los partidos cumplan las normas electorales, rindan cuenta de sus actuaciones y que no se utilicen los recursos públicos en actividades electorales que no estén debidamente señalados por la ley. Los fondos públicos que reciben los partidos es la propia JCE que los entrega.

Hay muchas evidencias de que en el país, en poco tiempo se ha violando el procedimiento electoral e incluso la propia Constitución de la República.

El Senado de la República escogió a los miembros de la actual JCE sin respetar el mandato de la Constitución de hacer la designación de los nuevos miembros del órgano electoral cuando ya estuvieran conformados los demás órganos electorales, como es el caso del Tribunal Superior Electoral.

La JCE ha tomado decisiones cuestionables, como la suspensión de las entregas de actas de nacimiento a ciudadanos dominicanos de procedencia haitiana, mediante resolución del Pleno, y luego –cuando llueven los cuestionamientos y la presión internacional- decide entregarlas, pero poniendo a una funcionaria de menor rango a modificar una decisión del Pleno.

Lo mismo ocurre con el cuestionable proceso que ha seguido la JCE para excluir al ingeniero Miguel Angel García, como gerente general de Informática, y dejar de hecho como incumbente al cuestionable Franklin Frías. Cuestionable porque ha sido cuestionado en el pasado por todos los partidos políticos, y porque en su contra se han formulado imputaciones directas.

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, no respeta los procedimientos institucionales y motu proprio asume posiciones que debían ser conocidas y discutidas por el Pleno. Por ejemplo, Rosario entregó al presidente del PRD, Miguel Vargas, un documento de propuesta de solución del conflicto sin que antes fuese validado por el Pleno.

Ahora el doctor Rosario intenta incluir una cuña política insólita, atizando la inquina que pudiera existir en el ánimo del ingeniero Vargas, validando sus actuaciones como presidente del PRD, al margen de las orientaciones del candidato presidencial de ese partido.

Hace mal el doctor Rosario al utilizar ese expediente. Dejó claro que la JCE a quien atiende en el PRD es a Miguel Vargas y no al candidato presidencial. ¿Es necesario que el presidente de la JCE introduzca un tema que pudiera generar nuevos conflictos políticos? Nos parece que no.

Son muchos los desafíos que seguirá teniendo el proceso electoral, y en particular si la JCE insiste en seguir siendo una tienda segmentada destinada a servir en particular a una de las opciones políticas del proceso electoral.