En año pasado los huracanes afectaron terriblemente a las islas del Caribe, y en particular causaron destrucción en una gran parte de Puerto Rico.
Otras islas del Caribe sufrieron graves daños, y aún se encuentran en proceso de recuperación. La Florida, dentro del territorio continental de los Estados Unidos, también resultó impactado y lesionado. Cuba sufrió fuertes años e inundaciones, lo mismo que la República Dominicana.
El pasado 1 de junio inició la temporada ciclónica del 2018 y se vaticina que será activa, tan vez no tanto como la del 2017, pero se proyectan por lo menos 13 o 14 tormentas tropicales, seis de las cuales podrían convertirse en huracanes, y hasta tres podrían ser ciclones.
La República Dominicana tiene que prepararse preventivamente para estos fenómenos y el gobierno debe disponer de recursos para la Comisión Nacional de Emergencia y el Centro de Operaciones de Emergencia, así como para los otros organismos que tienen autoridad y responsabilidad para trabajar en la parte preventiva, como son los ayuntamientos o gobiernos municipales.
El gobierno dominicano se prepara para anunciar las medidas preventivas que estará tomando con motivo de la temporada de huracanes. Lo fundamental es la disponibilidad de recursos y la planificación. Eso implica debatir ahora todos los aspectos relacionados con los riesgos a los que se somete principalmente la parte más pobre y vulnerable de la sociedad dominicana.
Recientemente el Foro de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, integrada por la Unión Europea, Plan Internacional, Hábitat, Oxfam, además de las organizaciones Ponte Alerta Caribe y CasaYa, han presentado algunas recomendaciones a las autoridades sobre lo que debe tomarse en cuenta para la temporada ciclónica.
Les piden considerar que los eventos afectan desproporcionadamente a las comunidades más empobrecidas, y priorizar el hecho de que las mujeres y las niñas se ven mucho más afectadas que otros segmentos poblacionales.
Por cada peso que se invierte en prevención el Estado se ahorra por lo menos entre 5 y 8 pesos en respuesta, y les piden considerar que la mayor prevención es invertir para reducir el déficit habitacional. Sugieren al gobierno evaluar las zonas con riesgo de inundaciones y prohibir las nuevas construcciones en esos espacios. Un fenómeno que requiere atención es el que representan las familias que han sido afectadas por desastres anteriores y aún están a la espera de una respuesta de las autoridades.
Ofrecen el dato de que la República Dominicana ocupa el puesto número 11 entre las naciones más impactadas por eventos climáticos extremos, debido a que el país experimentó una media de 210 muertes al año en el período 1996-2015, y de acuerdo al Banco Mundial el 94.7% de la población dominicana se encuentra expuesta a desastres.
Esto quiere decir que los hogares pobres tienen el doble de posibilidades de verse afectados por un evento climático extremo que un hogar medio, y de acuerdo con las Naciones Unidas, el 90% de los afectados por los desastres naturales en RD se encuentran en los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Las mujeres y las niñas son 14 veces más propensas que los hombres de morir durante un desastre.
El Ministerio de Economía y Planificación estimó que entre noviembre de 2016 y abril de 2017 las lluvias y los huracanes María e Irma provocaron pérdidas ascendentes a 49,837 millones de pesos, lo que representó el 7.98% del presupuesto nacional de 2017.
Con estos datos, y el cuadro de riesgo a que estamos expuestos de manera permanente, lo más aconsejable es prevenir y disponer de los recursos para que los huracanes o cualquier otro desastre no nos tome desprevenidos.