La decisión de las autoridades de solicitar a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones suspender los llamados teléfonos “macos”, que carecen de identificación de sus propietarios, es un acierto.
En primer lugar, es una forma de higienizar la prestación del servicio a teléfonos celulares, que debe representar un dolor de cabeza para las empresas, porque se trata de unidades que consumen especialmente tarjetas de pre-pago, pero que al no tener identificación se convierten en un elemento de fácil uso para el crimen organizado y conseguir impunidad.
El segundo lugar, porque ayuda a las autoridades a tener un control más eficiente de los daños que provoca el uso vandálico de las telecomunicaciones, como acaba de ocurrir con un menor de edad de Villa Mella, que puso en vilo al país con una supuesta amenaza de bomba en un avión procedente de Bruselas, si fue cierto lo que informaron sobre el tema las autoridades.
Pero hay un dato adicional. Esta decisión, que debe haber pasado previamente por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), ayuda a miles de personas a verificar que sus nombres no estén siendo utilizados falsamente por delincuentes. Y desde ya se ha iniciado una búsqueda incesante de información sobre las identidades con que aparecen los teléfonos de pre-pago en las diversas empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Es apenas un indicio que el 69% de las llamadas recibidas en sus primeras horas por el Sistema de Emergencias 911 hayan sido para molestar. Una parte de ellas pudieran tener su origen en la ignorancia de la gente de para qué y cómo utilizar la iniciativa oficial, pero sin duda una gran parte tiene su razón de ser en el uso irresponsable, vandálico, irregular de los teléfonos, como instrumentos modernos, globalizadotes, que además de comunicar por medio de la voz, unan a las personas con imágenes, y a través de los servicios que se prestan, como Internet, redes sociales, actividades bancarias y muchísimas otras, que son importantes.
Saludamos la iniciativa del gobierno, de la Policía Nacional, del Sistema de Emergencias 911, y de seguro la cooperación de las empresas telefónicas, para que se ponga fin a esta forma de impunidad, que se inició con la explosión misma de las líneas móviles en la República Dominicana, en donde hay ya más de 10 millones de unidades de teléfonos.