La Suprema Corte de Justicia está forzada a un juicio, en el caso Odebrecht, lo suficientemente legítimo y justo, para que no haya dudas ni cuestionamientos al veredicto que resulte de este proceso.
La prisa no es un camino correcto. Asumir los postulados del Ministerio Público, que es una de las partes, tampoco lo es. Rechazar todos los recursos de los imputados va dejando la sensación de que los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia tienen una decisión previamente condenatoria contra los imputados.
El caso del imputado Ángel Rondón, representado por el abogado José Miguel Minier, resulta extraño. Ha apostado por utilizar las audiencias iniciales para atacar a los medios de comunicación y a la sociedad civil, acusándoles de querer desprestigiar el proceso, y exhortando a los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia a desoír cualquier crítica o recomendación. Es como si Rondón, principal imputado del caso, por haber recibido más de 92 millones de dólares de Odebrecht, estuviera de acuerdo con el Ministerio Público.
El otro caso es el del senador Tommy Galán, la persona que ha arrastrado a todos los demás imputados a un juicio en única instancia. Fue el abogado de Galán, José Ricardo Taveras, quien presentó la primera solicitud de inhibición al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henri Molina, para que la decisión que surgiera no fuese señalada como viciada, dados los vínculos que existían entre Molina y Galán, por razones políticas, y por la campaña electoral del 2016 en San Cristóbal.
El curso del proceso judicial ha revelado algunas debilidades de la Suprema Corte de Justicia, y puso en evidencia que se utilizaron procedimientos extraños para conocer y mantener como parte del Pleno a cinco jueces que fueron recusados por diversas razones, pero fundamentalmente porque tuvieron conocimiento premio de este proceso penal.
El momento es delicado para la Suprema Corte de Justicia, y más que decisiones emocionales, como resultado del nivel de tensión que implica este proceso, los magistrados que integran la corte deben transmitir con claridad la idea de certeza, transparencia y búsqueda de justicia, que no necesariamente se consigue con la unanimidad con que se han adoptado las decisiones.