La calidad de la justicia tiene un peso extraordinario en el momento de medir la calidad de nuestro sistema democrático. Sin justicia no hay democracia. Nuestro gran desafío como país es fortalecer la independencia del poder judicial, tanto como sea posible, para que los jueces y los organismos judiciales tengan capacidad para juzgar a todos los que violen las leyes, con igual rasero, sin distinguir que uno sea acaudalado y otro sea pobrísimo.
Hoy celebramos el Día del Poder Judicial, y nos congratulamos, al tiempo que ofrecemos parabienes y los deseos de progreso y avance en la búsqueda de la justicia a cada uno de los miembros del poder judicial. El día es de celebración de los actos tradicionales, que incluyen una misa solemne en la catedral primada de América, y un acto encabezado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Henry Molina, en donde tendrá la oportunidad de ofrecer un informe sobre los avances que ha tenido en los nueve meses que lleva al frente de ese poder, así como presentar las perspectivas futuras de su gestión. Se ha dicho que el presidente Danilo Medina estará presente en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo pronto hay que decir que los males que aquejan hoy al poder judicial no corresponden a Luis Henry Molina ni a la actual Supremas Corte de Justicia. Hay que atribuir al pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, muchas de las falencias que se conocen del poder judicial.
Entre las debilidades hay que destacar la debilidad para juzgar a los funcionarios y políticos, y la complicidad para archivar expedientes groseros de robo de los fondos públicos, o para sancionar a senadores que cometieron fechorías con los recursos del Estado. Es decir, la impunidad de la que tanto se habla y con la que aparecemos en los rankings mundiales en posición destacada, corresponde a nuestro poder judicial maniatado y controlado por los políticos. Si la corrupción ha podido crecer, extenderse por las más variadas ramas del aparato del Estado, se debe a que la justicia ha sido cómplice y no ha querido jugar su rol sancionador.
Claro, también hay responsabilidad compartida de los órganos que designan los jueces y las Altas Cortes, como lo es el Consejo Nacional de la Magistratura, en el que confluyen el Congreso y los partidos políticos. Es una responsabilidad política compartida para que la justicia dominicana sea cómplice y pésima. Eso garantiza la impunidad. En tanto ese organismo no sea reformado y haya un poder ejecutivo con real deseo de cambio, sin temor a un poder judicial independiente, estaremos designando jueces con vinculaciones políticas y apegados a los deseos del ejecutivo.
Eso implica que también seguiremos sancionando a jueces honestos y conscientes de su rol, como Julio Aníbal Suárez o Miriam Germán Brito, que han sido ejemplos palpables de honestidad y cumplimiento cabal de su responsabilidad y competencia jurídica, para mantener a magistrados doblados en su cerviz frente al poder político, como los hay, conocidos, que ofrecen garantías de lealtad a los que tomaron la decisión de aprobar su permanencia en los organismos judiciales. Es una especie de quid pro quo de conveniencia.
La actual Suprema Corte de Justicia debe intentar recuperar la credibilidad perdida, y eso pasa por tomar decisiones políticamente independientes y no ser aliada de los políticos investigados y sometidos a la justicia por abusar de los fondos públicos.
Y la única forma de demostrar independencia es por la vía de sentencias, desde los Juzgados de Paz, pasando por los tribunales de Primera Instancia, hasta llegar a las decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia. Y congratulaciones en el Día del Poder Judicial.