En el mes de agosto del año 2017 consta, según la nómina del poder judicial, que la magistrada presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación, del Distrito Nacional, Eunisis Vásquez Acosta, devenga un salario de 186,000 pesos, lo mismo que el magistrado Samuel Arias Arzeno, el juez de la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En total, los 7,139 empleados del Poder Judicial devengan 298.3 millones de pesos mensuales, y en su mayoría tienen patrimonios regulares, además de muchas deudas, de acuerdo con la revisión de las declaraciones juradas de patrimonio que deben hacer cada año, en cumplimiento de la ley.
El mayor salario en el poder judicial lo devenga el presidente del Consejo del Poder Judicial y presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien mensualmente recibe 423,000. Germán Mejía tiene una larga y exitosa carrera en el sector privado y con el salario que tiene, su última declaración jurada de bienes la realizó el 2 de febrero del 2016, y allí relata que cuenta con un patrimonio de RD$49,762,064.50, sin pasivo.
Algunos jueces podrían tener mayor patrimonio que Mariano Germán Mejía, pero Edgar Hernández Mejía, que tiene más de 20 en la Suprema Corte de Justicia, en su última declaración jurada de bienes, el 2 enero del 2017, dijo tener un patrimonio de RD$15,836,115.61. Miriam Germán Brito un patrimonio de RD$1,610,523.77, con deudas por más de 600 mil pesos, Fran Soto Sánchez declaró en diciembre del 2016 un patrimonio de RD$23,850,706.69, con deudas por 6 millones de pesos, o Alejandro Moscoso Segarra, quien en noviembre del 2016 declaró un patrimonio de RD$35,094,260.00, sin deudas.
Sara Henríquez Marín, sin embargo, tiene un patrimonio de RD$7,459,444.36, Francisco Ortega Polanco registró un patrimonio de RD$30,414,637.70, sin pasivos, en tanto que Hiroito Reyes declaró RD$10,121,955.86, con deudas por más de un millón de pesos. Y por tanto, entre los 17 miembros de la SCJ, la que menos recursos tiene es la magistrada Miriam Germán Brito.
Todo esto tiene relevancia porque la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, el 19 de diciembre del 2016 declaró un patrimonio de RD$67,954,073.73. Ese monto es mucho mayor que cualquiera de los patrimonios de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y muchísimo más que el patrimonio conocido de cualquier juez de la República Dominicana.
El tema es que en la declaración jurada del 15 de septiembre de 1997 la magistrada Eunisis Vásquez Acosta declaró un patrimonio de 5.6 millones de pesos, y en el 2001 declaró que había descendido su patrimonio a 4.9 millones, para elevarse en el 2005 a la suma de 11.5 millones de pesos. Tres años después, en el 2008 su patrimonio había subido apenas a 11.9 millones y se mantuvo en ese monto para el 2012. Pero el 22 de diciembre del 2015, cuando hizo su declaración jurada de bienes registró un aumento patrimonial mínimo, a 12 millones de pesos y una deuda por 668 mil pesos. Vale decir que se quedó prácticamente igual. El gran salto se registró en diciembre de 2016, cuando declaró un patrimonio de RD$67,954,073.73, para una diferencia de RD$55,916,000.00.
Esta declaración estuvo en la página de la Suprema Corte de Justicia sin que nadie se interesara o la descubriera. La alarma fue luego de que un diletante de los medios hiciera la denuncia, e incluso llevara una denuncia formal ante el Procurador General de la República, para que se realizara una investigación sobre el enriquecimiento de esta magistrada, luego de haber conocido numerosos casos que benefician, ¡oh paradoja de la justicia dominicana!, al poderoso empresario español Juan José Hidalgo Acera, más conocido como Pepe, quien lleva muchos conflictos en la justicia dominicana, y por casualidades de la vida, casi siempre los gana en la Segunda Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La Suprema Corte de Justicia, sin ofrecer una explicación, en su página de transparencia, decidió cambiar los datos patrimoniales de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta. Se desconoce si hubo un error en la digitalización de los datos, que en caso de haber ocurrido así debieron ofrecer una explicación, porque los errores se explican y hasta se justifican. La cuestión es que ahora el patrimonio declarado el 19 de diciembre del 2016 por Eunisis Vásquez Acosta, cambiado por la Suprema Corte de Justicia, se reduce a la suma de RD$11,374,621.33, con un cambio también en el pasivo: antes era de RD$3,602,321.50 y ahora es de RD$600,533.60
Antes de que la SCJ hiciera este cambio, fue depositada una denuncia ante el Ministerio Público, en donde también se involucra a familiares de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, y se le atribuye enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Tiene que darse por satisfecha la persona que hizo la denuncia con el cambio en la oscuridad que hizo la página de transparencia de la SCJ? ¿Está obligado el Ministerio Público a responder esta denuncia o será el silencio lo que se dará como respuesta? ¿Y las víctimas de las decisiones judiciales de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta y sus acólitos en el Poder Judicial, se quedarán de brazos cruzados? ¿No fue suficiente el escándalo con el consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera y la jueza Awilda Reyes Beltré, para que la justicia enderezara su curso sobre denuncias graves como estas?
Hay otras preguntas: ¿Por qué un caso que lleva varios años y llega a casación a favor de una de las partes, se devuelve a primera instancia desde la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, precisamente unas horas antes de que el presidente de esa cámara se marchara para presidir la Junta Central Electoral, y luego las decisiones cambian el rumbo de la cosa juzgada, y quien llevó las de ganar ahora queda como condenado y perdiendo millones de dólares?
El caso merece una investigación de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público. Y en particular la presidencia de la SCJ está obligado a decir qué ocurrió con la declaración jurada de bienes de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta. Decir si hubo un error, y en ese caso admitirlo, o aclarar si la magistrada salió premiada en alguna lotería, o recibió alguna herencia, o fue favorecida con alguna botija. Esas cosas pasan todavía en un país macondiano como el nuestro.
