Ante la pandemia del COVID-19, se plantea una vez más en la sociedad dominicana la tensión entre el derecho y la justicia. El derecho pasa por la positivización: implica la formulación y promulgación de una norma legal por parte de las instancias estatales que gozan con la autoridad constitucional y la legitimidad para hacerlo. A diferencia del derecho, la justicia pasa por el corazón: se trata de una virtud moral de las personas que desean respetar la intrínseca dignidad de la persona humana. Cabe recordar además que el filósofo norteamericano John Rawls ha puesto sobre el tapete la idea de que la justicia debe ser la primera virtud de las instituciones.
En el marco de las leyes actuales dominicanas, las ARS tienen el derecho (y lo están reclamando) de no cubrir los gastos que han generado las hospitalizaciones y tratamientos por el COVID-19. Pero podemos preguntarnos, ¿es justo su reclamo? A nuestro entender, la respuesta es: no. El problema pasa por el corazón y por el deseo de ganar más y más, sin límites, aprovechando la pandemia y aun a costa de sacrificar a tantas personas, especialmente las que padecen precariedad.
Se ha insistido por todos lados que la pandemia solo se puede enfrentar adecuadamente cultivando la solidaridad. Ante la actitud egoísta de los países ricos y las farmacéuticas en la lucha por las vacunas contra el COVID, la OMS ha dicho que la humanidad se enfrenta a una auténtica «catástrofe moral». En el mismo tenor, los obispos dominicanos han señalado en su Mensaje del 27 de febrero que «Tenemos que seguir asumiendo de manera más profunda esta idea central: lo que afecta a todos, solo se puede solucionar en conjunto. Es, pues, necesaria la colaboración de cada ciudadano o ciudadana».
Las ARS tienen en este momento una oportunidad para ejercer la ciudadanía con espíritu fraterno y ganarse el beneplácito de toda la sociedad dominicana. Como parte de las razones éticas en que fundamentan la invitación a colaborar a una solución conjunta, los obispos dominicanos citan las siguientes palabras de la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco: «Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos (los pobres y los discapacitados), y la fraternidad será una expresión romántica más». Las ARS pueden apuntarse a este propósito… y les irá humanamente mejor.
Tenemos que acercar la exigencia de nuestros derechos a los gritos del corazón que ama la justicia. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en seres sin corazón, en ciudadanos psicopáticos. Concretamente, invitamos a las ARS a ampliar la cobertura del plan básico incluyendo un porcentaje significativo de los gastos que han implicado para las personas las secuelas del COVID-19. En estos momentos en que la mayor parte de la población ha visto enmagrecer su economía, las ARS pueden reducir sus márgenes de ganancia sin ir a la quiebra. Por otra parte, invitamos a los planificadores del Estado que tracen un camino para poder regular de manera más justa a las aseguradoras de la salud en beneficio de los más vulnerables. Una tarea ineludible es reducir el poder de veto que tiene el sector empresarial en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Pues, como diría John Rawls, cuyo centenario celebramos, solo es justa aquella sociedad que toma sus decisiones atendiendo a los menos favorecidos.