La conmemoración de los 10 años del establecimiento del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, este año, ha comenzado de mala manera.

Instituido mediante la ley 87-01, el sistema de Seguridad Social, ha cambiado en algunos de sus aspectos esenciales, como en la prestación de los servicios de salud, mediante la eliminación por decreto del Poder Ejecutivo, de los llamados Centros de Atención Primaria, que eran la puerta de entrada al sistema, y que representación una reducción extraordinaria del costo de los gastos en salud de las familias.

Pero la peor decisión acaba de tomarla el Consejo Nacional de la Seguridad Social con la “devolución” al sector empresarial y al gobierno de por lo menos 10 mil millones de pesos, acumulados en el Fondo de Riesgos Laborales, y que se quedaron en reservas  como consecuencia de que en ese renglón nunca se pagaron las pensiones adecuadas por accidentes de trabajo y otras lesiones.

No hay un artículo en la ley que contemple una decisión como esta. Participación Ciudadana ha dicho, con mucha razón, que la decisión de repartir los 10 mil millones de pesos es ilegítima infortunada, ilegal e inmoral.

"Es cierto que se habían acumulado fondos en proporción que podía ser considerada excedente, lo que se atribuye a factores como sub registro de accidentes laborales, niveles miserables de las escasas pensiones otorgadas bajo condicionalidades excesivas, subestimación de salarios para reducir las cotizaciones y a la ignorancia de empleadores y trabajadores", dice el movimiento cívico.

No es posible que más de mil personas que han solicitado pensión por accidentes de trabajo, incapacidad y otras condiciones de inhabilitación, hayan tenido que esperar excesivamente para que se le reconozca una pensión miserable, en ocasiones de menos de cien pesos, de 300 y 400 pesos.

Según la Dirección de Defensa de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social (DIDA),  el 54 por ciento de los apenas 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencia (155 viudas y 624 huérfanos) reciben menos de mil pesos mensuales, en algunos casos hasta de 93 pesos. Eso es irracional y abusivo, y es una pena que luego de registrar estas estadísticas, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, con la anuencia de los representantes del sector de los trabajadores, haya repartido 10 mil millones de pesos entre el gobierno y el sector empresarial.

El caso debe ser dilucidado en la Suprema Corte de Justicia, y el dinero debe volver al lugar de donde debió salir, en caso de que ya se hayan ejecutado la decisión.