El año pasado la relación entre jueces y fiscales llegó a extremos lamentables, limitándose a críticas y contra críticas que nada benefician al sistema de justicia y cuando a principios de este año parecía que ambos lados estaban haciendo esfuerzos para comenzar a trabajar juntos a fin de corregir las falencias del sistema, de nuevo la marea comienza a subir y amenaza nuevamente una relación que necesita ser estabilizada.
El caso de Félix Bautista fue la copa que rebosó el vaso el año pasado y que motivó esa frase ya famosa del Procurador General de la República de que no recurría en casación la decisión que favorecía a Bautista porque no confiaba en los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Posteriormente llegaron los casos de Francisco Arias Valera y Awilda Reyes Beltré y otros jueces denunciados por el ministerio público como parte de una red que vendía sentencias. Que un miembro del Consejo del Poder Judicial (CPJ) haya estado involucrado en actividades como las que se le imputan a Arias Valera y la forma en que el presidente de dicho Consejo y de la SCJ manejó el caso, terminaron afectando sensiblemente la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Por eso nadie debe sorprenderse que la encuesta Gallup HOY señalara que el 93.8% de la población piensa que los jueces y fiscales “hacen diferencias dependiendo de quién se trate”, el 98.6% cree que “jueces y fiscales reciben dinero para emitir sentencias” y el 78% “considera que jueces y fiscales son los mayores responsables de que no se castigue de manera suficiente a la delincuencia”. Por cierto, que los abogados salimos mal parados, pues un 60% entienden que los abogados también somos responsables de esta situación.
La pregunta en este momento es si seguiremos discutiendo caso por caso o nos enfocaremos todos en las causas que originan los problemas que afectan los casos, para llegar a acuerdos y resolverlos, no para un caso en particular sino para todos
Ante un panorama inocultable de crisis que afecta no solo a los jueces sino también a los fiscales, el presidente de la SCJ presentó en su discurso del día del Poder Judicial la propuesta de un diálogo, que parecía limitado a jueces y fiscales sobre temas relacionados al Código Procesal Penal. Posteriormente, el CPJ lanzó la propuesta de una Cumbre Judicial Nacional, sin límites de temas y que involucrara a todos los sectores interesados. Por su lado, el Procurador General de la República apoyó las propuestas y redujo el nivel de confrontación entre jueces y fiscales, tratando de crear las mejores condiciones posibles para el diálogo.
Sin embargo, en las últimas semanas ha vuelto la confrontación. La prensa recoge que el ministerio público no solo ha recurrido varias decisiones de imposición o variación de medidas de coerción, lo que es su derecho y su deber, sino que ha criticado fuertemente a los jueces que las han dictado, pidiendo incluso investigación con respecto por lo menos a uno de ellos y recusando a otro.
Creo que se debe hacer un alto en el camino pues la descalificación en un “todos contra todos” solo seguirá hundiendo a la justicia (jueces, fiscales y abogados) en el descrédito. Entiendo que el ministerio público tiene razón en algunos casos, pero aún en estos casos debe cuidar de no asumir posiciones extremas. Hasta prueba en contrario, los magistrados Antonio Sánchez y Pilar Rufino son jueces de carrera competentes e íntegros y su descalificación solo contribuirá a que otros jueces con sus mismas condiciones morales y capacidades comiencen a cavar trincheras.
El ministerio público entiende que cuando a un imputado se le varía la prisión preventiva, a partir de ese momento el caso se estancará, pues los abogados de los imputados, teniendo a sus clientes fuera de la cárcel, varían de inmediato su estrategia de conocer el caso y comienzan a incidentarlo tratando de que no se conozca nunca o, en el evento de que el caso hubiese estado en la opinión pública, a la espera de un mejor momento para su decisión. Claro que cuando el imputado es realmente culpable, el mejor momento es nunca.
En esto lleva razón el ministerio público, pues en una mayoría de los casos los jueces no han sido capaces de aplicar con rigor las normas del Código Procesal Penal, delimitando en el tiempo la formulación de los incidentes, con los consiguientes reenvíos y enorme dilación en la decisión de los casos.
La pregunta en este momento es si seguiremos discutiendo caso por caso o nos enfocaremos todos en las causas que originan los problemas que afectan los casos, para llegar a acuerdos y resolverlos, no para un caso en particular sino para todos.
Y, por favor, el Código Procesal Penal no es el problema, sino la forma en que se aplica. Su artículo 305 es muy preciso en cuanto señala que “Las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de cinco días de la convocatoria al juicio y son resueltas en un solo acto por quien preside el tribunal dentro de los cinco días, a menos que resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia, según convenga al orden del juicio. Esta resolución no es apelable. El juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes”.
El Procurador General de la República ha informado que apoyará la Cumbre Judicial Nacional que convocará el Consejo del Poder Judicial, y sería prudente que durante su desarrollo y ojalá que en lo adelante, las relaciones entre jueces y fiscales mejoren lo suficiente como para que puedan intercambiar opiniones y recomendaciones sin un ánimo adversarial.